El Gobierno aceptó la renuncia de Paul Starc como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) y oficializó un cambio en la Secretaría de Transporte mediante decretos publicados en el Boletín Oficial en la madrugada del lunes.
La salida de Starc se produce después de una etapa de mayor visibilidad pública, que incluyó un viaje a Washington junto a funcionarios estadounidenses para cooperar en la investigación sobre presunto lavado de dinero vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En ese viaje participaron el embajador Alec Oxenford y representantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Paralelamente, Starc continuó su intervención en causas nacionales de relevancia, desempeñándose como querellante en el juicio conocido como los Cuadernos, que involucra a exfuncionarios y empresarios, incluida la expresidenta Cristina Kirchner.
Starc había asumido la presidencia de la UIF en abril de 2025, tras la renuncia de Ignacio Yacobucci, por medio del Decreto 256/2025, después de una carrera centrada en la investigación de delitos complejos y en políticas de seguridad.
Su renuncia fue aceptada mediante el Decreto 45/2026; el Poder Ejecutivo agradeció los servicios prestados durante su gestión al frente del organismo.
Según un comunicado del Ministerio de Justicia, la gestión de Starc se caracterizó por profesionalismo y compromiso, y por la adecuación del sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo a estándares nacionales e internacionales. El comunicado indicó además que Starc continuará colaborando con el Gobierno en tareas relacionadas con la gestión, el desarrollo financiero y la consolidación institucional.
Aún sin publicación formal del nombramiento, desde el Gobierno anticiparon que el licenciado Ernesto Gaspari asumirá la conducción de la UIF.
El Ministerio de Justicia destacó la trayectoria de Gaspari en gestión pública y privada, finanzas y administración; entre sus cargos anteriores figura el de Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Las autoridades informaron que la nueva conducción buscará reforzar los mecanismos de control y prevención, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales.
En paralelo, el Gobierno formalizó un cambio en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Mediante el Decreto 47/2026 se aceptó la renuncia de Luis Octavio Pierrini y se designó, a partir del 22 de enero, al arquitecto Fernando Augusto Herrmann como nuevo titular del área.
Tras la salida de Pierrini, se produjeron renuncias en la cúpula de empresas estatales vinculadas al transporte: Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore dejaron la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), respectivamente.
Fuentes oficiales indicaron que se planea un cambio amplio en la gestión del transporte. Desde la Casa Rosada señalaron que Pierrini se fue por “motivos personales”, aunque informaciones periodísticas trascendieron sobre descontento en la gestión y distribución de subsidios al transporte urbano.
El nuevo secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni —exdirector ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)— encabezó la propuesta de cambios en las máximas autoridades y su plan fue aceptado por el Ejecutivo como inicio de su gestión.
SOFSA figura entre las empresas de mayor interés para la administración central, ya que está incluida entre las ocho compañías contempladas para privatización o concesión en la Ley Bases.
Asimismo, la Secretaría de Energía aceptó la renuncia de Carlos Alberto María Casares como titular del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y designó a Marcelo Alejandro Nachon como interventor, mediante la Resolución 18/2026 publicada en el Boletín Oficial.
El Ministerio explicó que Nachon cuenta con los antecedentes que justifican su designación. Su responsabilidad será la administración y el control de ENARGAS mientras se mantenga la intervención dispuesta para el organismo.
La duración del cargo de interventor se rige por el Artículo 2° del Decreto N° 370 del 30 de mayo de 2025, que extendió la intervención hasta el 9 de julio de 2026 o hasta la conformación del directorio definitivo, lo que ocurra antes; durante ese período, el interventor ejercerá las principales facultades de gobierno y administración de ENARGAS.
La intervención de ENARGAS y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se prorrogó en varias oportunidades en el marco de la emergencia energética. Estas medidas están relacionadas con la creación prevista del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, establecida en la Ley N° 27.742, cuyo directorio aún no está conformado.
La Secretaría recordó que, hasta la puesta en marcha del nuevo organismo conjunto, seguirán vigentes las unidades organizativas, responsabilidades, competencias y funciones actuales del ENARGAS y del ENRE, para garantizar la continuidad del control estatal sobre la distribución de gas natural y electricidad.
Finalmente, el Gobierno aceptó la renuncia del director nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Pablo Luis Santos, y designó como su reemplazo al abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, con efecto a partir del 1° de febrero de 2026, mediante el Decreto 33/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Diego Santilli.
El decreto formalizó la aceptación de la renuncia de Santos, quien dirigía uno de los organismos responsables de la administración y resguardo de la identidad de los ciudadanos.
El texto oficial incluye el agradecimiento por los servicios prestados durante su gestión. Hasta el momento no se difundieron las razones de la renuncia ni un balance público detallado de su desempeño.
A partir del 1° de febrero asumirá Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux como director nacional de RENAPER. El organismo depende de la Secretaría de Interior del Ministerio del Interior y tiene a su cargo la emisión y control de documentos de identidad, pasaportes y partidas de nacimiento.
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