El apagón casi total de internet impuesto por Irán hace tres semanas empieza a aliviarse, pero no de forma normalizada. Parte de los 92 millones de habitantes recuperan conexión bajo un sistema de control estricto que decide quién puede acceder, por cuánto tiempo y en qué condiciones. El régimen cortó las comunicaciones el 8 de enero en lo que analistas internacionales consideran una medida deliberada para ocultar la magnitud de la represión contra las protestas iniciadas a finales de diciembre por la crisis económica.
El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, defendió el bloqueo señalando que respondió a presuntas “operaciones terroristas” infiltradas en las manifestaciones. Afirmó que grupos dirigidos desde el exterior dispararon contra fuerzas de seguridad y atacaron civiles, y acusó a Israel y Estados Unidos de estar detrás de la violencia.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, motivadas por la caída del rial, la inflación elevada y el empeoramiento de las condiciones de vida. En pocas horas las demandas económicas derivaron en críticas al sistema de la República Islámica; las consignas contra el líder supremo, Ali Khamenei, y los llamados a un cambio de régimen se propagaron por varias ciudades y provincias. El 8 de enero, tras el llamado del príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi a una movilización masiva, el Gobierno respondió con el apagón de internet y una fuerte represión.
Organizaciones como NetBlocks, especializada en monitoreo de conectividad, confirmaron la magnitud del corte: en menos de 30 minutos desde el apagón del 8 de enero, el 98,5% del tráfico de internet en Irán se desplomó. A diferencia de bloqueos previos, que tardaban días en aplicarse, en esta ocasión la desconexión se produjo en segundos gracias a la infraestructura de intranet nacional ya desarrollada.
El diario reformista Shargh informó que, según fuentes oficiales, el internet móvil se ha restaurado parcialmente. No obstante, muchos usuarios solo acceden de forma intermitente, tras varios intentos y por periodos muy limitados. Doug Madory, director de análisis de internet en Kentik, dijo a la BBC que lo observado no es un retorno a la normalidad: plataformas principales se habilitan y bloquean en distintos momentos, lo que sugiere que las autoridades estarían probando un sistema para controlar el tráfico en tiempo real.
Amir Rashidi, responsable de ciberseguridad en Miaan Group, afirmó a la BBC que la evidencia indica que solo un número limitado de personas autorizadas por el Gobierno tiene acceso a internet. Aunque técnicamente es posible usar redes privadas virtuales, explicó, las autoridades parecen empeñadas en dificultar su funcionamiento y controlar quién puede conectarse.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que el control del acceso a internet ha limitado la información sobre la represión a los manifestantes. La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), con sede en EE. UU., confirmó al 26 de enero la muerte de 5.925 manifestantes y advirtió que el total podría ser varias veces mayor, ya que 17.091 muertes reportadas están bajo revisión. La cifra oficial del Gobierno, de 3.117 fallecidos, no reflejaría la verdadera escala de la violencia según HRANA.
Amnistía Internacional y la Relatora Especial de la ONU sobre Irán, Mai Sato, han señalado que las fuerzas de seguridad emplearon munición real y fuerza letal contra manifestantes en las 31 provincias del país, disparando de forma indiscriminada al pecho y la cabeza. Sato indicó que estos hechos podrían constituir ejecuciones arbitrarias y homicidios ilegales.
Tras casi tres semanas de interrupción de internet, el ministro de Comunicaciones Sattar Hashemi declaró el 26 de enero que las pérdidas diarias por el apagón rondan los 35 millones de dólares. Ante la creciente presión económica, las autoridades parecen haber permitido formas de acceso estrictamente controladas para ciertos negocios.
Empresarios dijeron a la BBC que en algunas ciudades miembros de las cámaras de comercio reciben entre 20 y 30 minutos diarios de acceso a internet sin filtros, siempre bajo supervisión y tras completar varias fases de verificación de identidad. Un representante de la Cámara de Comercio de Teherán, que habló bajo condición de anonimato, describió el sistema como racionado y paralizante. Algunos empresarios habrían sido obligados a firmar compromisos de no enviar archivos relacionados con las protestas.
Madory señaló que, según los datos de tráfico, los patrones indican que una restauración completa del acceso a internet en Irán podría no llegar a producirse. El apagón ha impedido que la población dentro del país reciba información fiable y comparta con el exterior lo que ocurre en calles, hospitales y centros de detención.
El escenario de las protestas está marcado por una profunda crisis económica. A finales de 2025 el rial sufrió una caída notable. Según el centro estatal de estadísticas, la inflación alcanzó el 42,2% en diciembre de 2025; los precios de los alimentos subieron un 72% y los productos sanitarios y médicos un 50% interanual. Años de sanciones, mala gestión y aislamiento financiero han deteriorado las condiciones de vida de amplios sectores.
Las movilizaciones actuales son las más importantes desde las protestas de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia. Amnistía Internacional advirtió que el patrón de violencia documentado en enero de 2026 reproduce esquemas vistos en 2019 y 2022, pero agravados por el apagón del 8 de enero, que dificulta apreciar el verdadero alcance de la represión y eleva el riesgo de nuevas violaciones graves de derechos humanos.
