Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordaron designar a los Guardianes de la Revolución de Irán como “organización terrorista” tras la represión de las protestas nacionales, informó la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas. Con esta medida, la UE sitúa al cuerpo militar iraní en la misma categoría que Estado Islámico, Al Qaeda y Hamas, alineándose con la postura adoptada con anterioridad por Estados Unidos, Canadá y Australia.
Kallas afirmó que “cualquier régimen que mata a miles de sus propios ciudadanos trabaja hacia su propia desaparición”, en referencia a la represión que, según activistas, ha dejado al menos 6.373 muertos en las últimas semanas —más de 5.900 manifestantes— y más de 40.000 detenidos. Las organizaciones de derechos humanos con sede en Estados Unidos indican además que entre las víctimas hay 113 menores y 53 civiles que no participaban en las movilizaciones.
La decisión fue tomada por unanimidad y representa un cambio simbólico en la política europea hacia Teherán, donde hasta ahora existía reticencia en países como Francia e Italia, preocupados por la seguridad de sus ciudadanos y por mantener relaciones diplomáticas. Finalmente esos países respaldaron la medida, que la subdirectora del German Marshall Fund, Kristina Kausch, calificó como un “acto simbólico” que refleja el fin del intento de diálogo y el paso hacia el aislamiento y la contención.
La inclusión de los Guardianes en la lista negra implica la prohibición de entrada al territorio de la UE y la congelación de activos para 21 personas y entidades iraníes, entre ellas altos mandos militares como el ministro del Interior, Eskandar Momeni, y el jefe de la policía. Además, la UE impuso sanciones a seis organizaciones, incluidas algunas encargadas de supervisar contenidos en línea, en un contexto de restricciones a las comunicaciones que han dificultado el acceso a información independiente sobre la represión.
Los Guardianes de la Revolución, creados tras la revolución islámica de 1979, operan en paralelo a las fuerzas armadas regulares y controlan una parte importante de la economía, así como programas de misiles balísticos y actividades relacionadas con el programa nuclear iraní. La fuerza Basij, estructura interna del cuerpo, habría tenido un papel central en la represión de las protestas, especialmente desde el 8 de enero, cuando se registró un corte generalizado del acceso a internet en la nación de unos 85 millones de habitantes. Videos difundidos por canales alternativos muestran a efectivos disparando y golpeando a manifestantes.
Aunque las sanciones se consideran en gran medida simbólicas, aumentan la presión internacional sobre la República Islámica, que afronta también la amenaza de una posible acción militar estadounidense. El presidente Donald Trump ordenó el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores con misiles guiados hacia el Medio Oriente tras los sucesos, mientras Irán advirtió que tomaría represalias y anunció ejercicios militares con fuego real en el Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial.
El cuerpo diplomático europeo indicó que, pese a la medida, los canales de comunicación con Irán “seguirán abiertos”. El ministro de Exteriores de Francia, Jean‐Noël Barrot, sostuvo que no puede haber impunidad por los crímenes cometidos y que las sanciones buscan responder a la “insoportable represión” que ha afectado a la revuelta pacífica en Irán.
En el plano interno, la moneda iraní cayó hasta un mínimo histórico de alrededor de 1,6 millones de riales por dólar, lo que refleja la gravedad de la crisis económica que alimentó las protestas. El alcalde de Teherán anunció planes para construir refugios antiaéreos e instalar sirenas de alerta, mientras el líder opositor Mir Hossein Mousavi reiteró su llamado a un referéndum constitucional para cambiar el gobierno.
(Con información de AFP, Reuters y AP)
