El Gobierno de Panamá anunció un proceso de transición ordenada para los puertos de Balboa y Cristóbal y garantizó la continuidad operativa y laboral tras el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión suscrito en 1997 con Panama Ports Company (PPC).
En un mensaje al país, el presidente José Raúl Mulino calificó la decisión judicial como un hecho de alto impacto para la economía, dado que ambas terminales son pilares estratégicos para el comercio internacional y la cadena logística regional.
Mulino explicó que la administración se había estado preparando durante más de un año para distintos escenarios ante las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el contrato.
Según indicó, antes de asumir se conocían los procesos legales en curso, por lo que el Ejecutivo activó un plan de contingencia para evitar improvisaciones y preservar la operatividad portuaria.
“El reciente pronunciamiento de la Corte es una decisión de gran relevancia que requiere toda nuestra atención y trabajo, orientado a proteger este activo de todos los panameños”, afirmó el presidente.
El mandatario detalló que se consideraron dos escenarios posibles: la ratificación del contrato o su anulación por inconstitucionalidad. Frente a la segunda opción, que finalmente se materializó, el Gobierno diseñó una hoja de ruta para mantener la estabilidad operativa y la confianza de los usuarios internacionales.
Mulino indicó que, mientras el fallo no quede ejecutoriado, PPC seguirá operando sin cambios. Posteriormente se abrirá un periodo de transición que culminará con la adjudicación de una nueva concesión en condiciones más favorables para el Estado.
Para coordinar el proceso, se designó al ingeniero Alberto Alemán Zubieta como responsable de un equipo técnico especializado para articular acciones entre las instituciones del sector portuario; Alemán Zubieta fue administrador del Canal de Panamá tras su transferencia a control nacional.
El Gobierno ordenó además a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) reunirse de inmediato con PPC para coordinar las medidas operativas durante la transición.
El presidente afirmó que el Estado garantizará los derechos de la empresa concesionaria mientras ejerce su función fiscalizadora sobre las obligaciones contractuales. En paralelo, el Ministerio de Trabajo acompañará el proceso para asegurar transparencia y estabilidad en las relaciones laborales.
Un punto central del mensaje fue la protección de los trabajadores portuarios: Mulino aseguró que no habrá despidos y que la continuidad laboral está garantizada. Indicó que la AMP y el Ministerio de Trabajo mantendrán un diálogo permanente con los colaboradores.
“A los proveedores y clientes de los puertos, les garantizamos la continuidad de los contratos y una transición administrativa ordenada, sin variaciones”, afirmó el mandatario.
Como parte del plan, el Gobierno informó que ha mantenido conversaciones con empresas internacionales del sector. Destacó a APM Terminals Panamá, del grupo A.P. Moller-Maersk, que se ha mostrado dispuesta a asumir temporalmente la operación de las terminales una vez el fallo quede ejecutoriado, hasta la adjudicación de una nueva concesión mediante un proceso abierto.
Cabe recordar que el año anterior una filial de Maersk asumió el control del ferrocarril, cuyo tráfico depende en gran medida de los contenedores manejados por las terminales de PPC.
Mulino señaló que la etapa de transición será supervisada por diversas entidades estatales, incluyendo el Ministerio de Seguridad, que junto con la AMP y el Ministerio de Trabajo ampliarán la información en los próximos días.
“Panamá avanza. Sus puertos seguirán operando sin alteración y continuaremos sirviendo al mundo como centro logístico de excelencia”, concluyó el presidente.
Compañía reacciona
En paralelo, Panama Ports Company cuestionó el fallo y advirtió sobre posibles acciones legales. La empresa indicó que, al momento de su pronunciamiento, no había sido notificada formalmente, y sostuvo que la decisión es incompatible con el marco jurídico vigente y con la ley que aprobó el contrato en 1997.
PPC afirmó que el fallo forma parte de una campaña del Estado que ha afectado a la empresa y a sus inversionistas durante más de un año, y reiteró que se reserva todos sus derechos, incluidos recursos legales internacionales.
La compañía destacó que en 28 años de operación invirtió más de 1,800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, generando miles de empleos directos e indirectos y contribuyendo a posicionar a Panamá como un hub portuario regional.
Además, defendió que la concesión fue resultado de una licitación internacional transparente y que ha cumplido sus obligaciones contractuales, incluidas auditorías estatales. A su juicio, el fallo carece de sustento jurídico y amenaza la seguridad jurídica del país.
PPC advirtió que la estabilidad institucional y el respeto a los contratos son claves para mantener la confianza de los inversionistas internacionales.
El fallo, adoptado de forma unánime el 29 de enero de 2026, responde a demandas contra la Ley No. 5 de 1997, sus adendas y el acto de prórroga relacionados con la concesión de las terminales de Balboa y Cristóbal.
Venta de puertos
La resolución judicial ocurre en el contexto de un reordenamiento global de los activos portuarios del grupo CK Hutchison, un proceso influido por presiones geopolíticas y tensiones con Estados Unidos.
Desde 2024, el conglomerado hongkonés ha evaluado la venta parcial o fragmentada de varios puertos estratégicos en América Latina, Europa y Asia como parte de una revisión de su portafolio internacional.
Entre los activos en análisis figuran las terminales de Balboa y Cristóbal, consideradas elementos clave en su red logística.
Este proceso se intensificó tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien ha sido crítico con la presencia de empresas con vinculación a China en infraestructuras estratégicas para el comercio y la seguridad.
Durante su campaña y en los primeros meses de gobierno, Trump señaló que puertos, telecomunicaciones y sistemas logísticos operados por empresas con capital chino representaban un “riesgo geopolítico”, mencionando en varias ocasiones a CK Hutchison.
Aunque Hutchison Holdings tiene sede en Hong Kong y opera como empresa privada, autoridades estadounidenses han sostenido que compañías radicadas allí pueden estar sujetas a presiones políticas del Gobierno chino.
Informes del Congreso de EE. UU. y pronunciamientos del Departamento de Estado han advertido sobre la presencia de operadores chinos en puertos en rutas estratégicas del comercio global, incluido el entorno del Canal de Panamá.
Esas advertencias derivaron en gestiones diplomáticas y presiones sobre gobiernos aliados para revisar concesiones y esquemas de operación portuaria. Por su ubicación y rol en el tránsito marítimo, Panamá ha sido señalado como un punto sensible en esa discusión.
En enero de 2026, la empresa confirmó que evaluaba opciones para desprenderse de parte de su red portuaria, incluida una venta fragmentada, con el objetivo de reducir exposición política y regulatoria en determinados mercados.
