El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afronta el vencimiento del plazo legal de 60 días para continuar operaciones militares contra Irán sin la autorización del Congreso, un escenario que llega en medio de un estancamiento militar, un alto el fuego frágil y una creciente disputa política interna sobre los límites del poder de guerra.
El conflicto, que empezó el 28 de febrero tras ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, está sujeto a la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que restringe a 60 días las acciones militares sin aval legislativo. La fecha límite es el 1 de mayo, mientras la Casa Blanca evalúa alternativas para evitar solicitar una autorización formal o retirar tropas.
Analistas y asesores del Congreso consultados por Reuters consideran poco probable un fin inmediato del conflicto. Prevén en cambio que la administración notifique una prórroga de 30 días o argumente que el alto el fuego declarado en abril puso fin a las hostilidades, aun cuando persisten tensiones en rutas marítimas estratégicas.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió ante el Senado la interpretación de que el alto el fuego suspende el cómputo del plazo: “En este momento nos encontramos en un alto el fuego, lo cual, a nuestro entender, significa que el plazo de 60 días se pausa, o se detiene, durante un alto el fuego”, dijo ante el Comité de Servicios Armados.
Legisladores demócratas rechazaron esa lectura, señalando que la ley no contempla pausas por treguas. También argumentaron que el Congreso no autorizó la operación ni declaró la guerra, y que la ofensiva no responde a una amenaza directa e inminente contra Estados Unidos.
La disputa refleja un Congreso dividido. Desde el inicio del conflicto, los demócratas presentaron resoluciones para forzar la retirada de fuerzas o exigir autorización legislativa, pero los republicanos las bloquearon en varias ocasiones. El jueves, el Senado rechazó un sexto intento, aunque la senadora Susan Collins y el senador Rand Paul se desviaron de la disciplina partidaria al apoyar la medida.
El investigador Christopher Preble, del Stimson Center, atribuyó la dinámica a motivaciones partidistas: “Es partidismo, simple y llanamente”, afirmó.
La Casa Blanca evitó precisar su estrategia. Un funcionario, citado por Reuters bajo condición de anonimato, dijo que la administración está en conversaciones activas con el Congreso y advirtió que quienes intenten usurpar la autoridad del Comandante en Jefe solo debilitarían a las fuerzas estadounidenses en el exterior.
En paralelo, funcionarios estadounidenses indicaron que Trump recibió informes sobre posibles nuevos ataques diseñados para presionar a Irán a negociar. Teherán respondió advirtiendo que cualquier reanudación de hostilidades provocaría “ataques prolongados y contundentes” contra posiciones estadounidenses.
El conflicto también tiene impacto económico. Legisladores demócratas centraron sus interrogantes en el aumento de los precios del combustible tras el cierre temporal del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético. El Pentágono estimó que la guerra costó alrededor de 25.000 millones de dólares, principalmente por gastos en municiones.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, expresó expectativas de una salida negociada y dijo que sería “ideal” lograr un acuerdo de paz entre Washington y Teherán. En contraste, el líder demócrata Chuck Schumer criticó la gestión del conflicto y afirmó que la administración ha manejado mal la situación y que la población estadounidense lo está sufriendo.
Algunos republicanos dejaron abierta la posibilidad de revisar su postura. El senador John Curtis señaló que apoya las acciones iniciales pero no respaldaría una campaña prolongada sin la autorización del Congreso.
La administración mantiene que el alto el fuego modifica el conteo del plazo legal, una interpretación que no aparece en el texto de la ley. La decisión de Trump —si solicita autorización, pide una prórroga o ignora el límite— marcará el siguiente paso en un conflicto que sigue sin una resolución clara y que enfrenta presiones políticas crecientes en Washington.
(Con información de REUTERS y EFE)
