El activista Erfan Soltani, de 26 años, fue puesto en libertad bajo fianza este fin de semana tras haber permanecido detenido desde principios de enero en el marco de las protestas antigubernamentales en Irán. La excarcelación fue confirmada por la organización de derechos humanos Hengaw y por su abogado, Amir Mousakhani, quien indicó que la fianza fue de dos mil millones de tomanes (aproximadamente 12.600 dólares).
Soltani, trabajador en una tienda de ropa y figura pública del movimiento social, fue arrestado en la noche del 8 de enero de 2026 en Fardis, cerca de Karaj, durante las movilizaciones que comenzaron a fines de 2025. Aunque algunas fuentes oficiales mencionaron el 10 de enero como fecha de registro, organizaciones de derechos humanos y familiares sostienen que la detención ocurrió el día 8 en su domicilio o en sus inmediaciones. La familia permaneció tres días sin información hasta que las autoridades confirmaron su detención el 11 de enero, y finalmente fue liberado bajo fianza el 31 de enero de 2026.
Los familiares denunciaron que autoridades habrían amenazado a Soltani con la ejecución, afirmaciones que fueron negadas por el poder judicial iraní. La judicatura declaró que los cargos formulados—“colusión contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el sistema”—implican penas de prisión y que el caso sigue en fase de investigación, sin condena a muerte.
La detención de Soltani se enmarca en una ola de protestas iniciada el 28 de diciembre de 2025, desatada por el colapso del rial y una inflación superior al 40%, que motivó una huelga en el Gran Bazar de Teherán. Las demandas económicas derivaron rápidamente en peticiones de cambio político y del fin del régimen clerical, con consignas dirigidas contra el líder supremo, Ali Khamenei.
La respuesta de las fuerzas de seguridad ha sido calificada por observadores como la más letal desde 1979. El Gobierno iraní reconoce más de 3.000 fallecidos durante los disturbios, y afirma que la mayoría corresponden a miembros de los cuerpos de seguridad y transeúntes, atribuyendo la violencia a “actos terroristas”. Por su parte, la Human Rights Activists News Agency (HRANA) ha documentado 6.713 muertes, en su mayoría manifestantes, y más de 10.000 detenciones desde el inicio de la crisis.
Según las autoridades, las protestas comenzaron de forma pacífica pero derivaron en disturbios violentos, especialmente los días 8 y 9 de enero, cuando se intensificó la actuación policial y se produjo la detención de activistas como Soltani. Teherán acusa a Estados Unidos e Israel de promover los disturbios y califica la movilización como un intento de “golpe de Estado” orquestado desde el exterior.
Organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han criticado la falta de transparencia del proceso judicial en Irán, indicando que a Soltani se le negó acceso a un abogado independiente y que el procedimiento fue muy acelerado. A diferencia de las protestas de 2022, el movimiento actual ha reunido a comerciantes tradicionales y jóvenes trabajadores, impulsados por la crisis económica y las demandas de libertades políticas.
Aunque la presencia masiva en las calles se ha reducido por los cortes de internet y la represión estatal, la situación sociopolítica sigue siendo tensa. La liberación de Soltani bajo fianza destaca en un contexto en el que miles de personas continúan detenidas, mientras el Gobierno sostiene que la seguridad nacional está en riesgo.
