El régimen iraní publicó este domingo una lista con los nombres de 2.986 personas fallecidas durante la represión de las protestas iniciadas en diciembre, mientras que las autoridades de Teherán cifran el total de muertos en 3.117. Organismos de la ONU y organizaciones de derechos humanos advierten, sin embargo, que la magnitud real podría ser entre seis y diez veces mayor, con estimaciones que llegan hasta las 20.000 víctimas mortales.
“Lamento informar a la noble nación de Irán que el número total de víctimas de los recientes acontecimientos es de 3.117”, declaró el presidente Masud Pezeshkian en un comunicado oficial. El mandatario explicó que la diferencia de 131 personas entre el total declarado y la lista publicada responde a la identidad desconocida de varias personas y a discrepancias en el registro del documento nacional de identidad, que se incluirán en una lista complementaria una vez sean corregidas.
Pezeshkian añadió que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para que “cualquier nueva información y reclamación pueda ser examinada y verificada sin complicaciones administrativas”.
El comunicado presidencial atribuye el elevado número de víctimas a “terroristas” respaldados por Estados Unidos e Israel. “Los enemigos históricos y los detractores comercian con las vidas de las personas como si fueran un número”, afirmó Pezeshkian, sin ofrecer detalles adicionales.
Las cifras oficiales contrastan con las estimaciones de organismos internacionales. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, señaló a medios estadounidenses que informes de médicos dentro del país apuntan a que las víctimas mortales podrían alcanzar las 20.000 personas.
“La magnitud de los fallecidos y heridos por la represión de las protestas a lo largo de este mes ha sido enorme, de miles de personas”, declaró Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al tiempo que reconoció que resulta “difícil verificar las informaciones que llegan desde el país dadas las restricciones continuas sobre el terreno”.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso de fuerza letal indiscriminada, con informes sobre fuerzas de seguridad que dispararon rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. Las morgues desbordadas, el empleo de contenedores refrigerados para almacenar cadáveres y los entierros apresurados sin identificación previa son, según estas organizaciones, indicios de un intento por ocultar la verdadera escala de la represión.
El apagón casi total de internet impuesto por el régimen desde el 8 de enero ha dificultado la verificación independiente. NetBlocks, organización de monitoreo de ciberseguridad, confirmó que se trata del bloqueo digital más prolongado en la historia de Irán, con el objetivo declarado de impedir que la población difunda imágenes de la represión y de aislar al país del escrutinio internacional. Según organizaciones de derechos humanos, esta desconexión ha facilitado la actuación con mayor impunidad de las fuerzas de seguridad.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, motivadas inicialmente por el grave deterioro económico del país. En diciembre la inflación alcanzó el 42,2% y los precios de los alimentos subieron un 72%. El rial se depreció significativamente, con un tipo de cambio que situó al dólar estadounidense en torno a los 145.000 tomanes.
Lo que empezaron siendo huelgas de comerciantes se transformó en manifestaciones masivas en las 31 provincias, con consignas contra el líder supremo Ali Khamenei y demandas de cambio del sistema político. Estas movilizaciones son las mayores desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
La represión alcanzó su punto más crítico los días 8 y 9 de enero, cuando, según funcionarios iraníes citados por medios internacionales, el líder supremo Khamenei ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”.
Fuentes y verificaciones periodísticas indican que las fuerzas de seguridad recibieron instrucciones de usar fuego letal. The New York Times corroboró vídeos que muestran a agentes abriendo fuego contra manifestantes en al menos 19 ciudades y en seis barrios de Teherán. En Fardis, testigos afirman que más de 50 manifestantes fueron abatidos tras el despliegue de una ametralladora montada en un vehículo.
La semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó en una sesión de emergencia una resolución, con 25 votos a favor, que denuncia que la represión violenta “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluyendo niños, y un gran número de heridos”.
El texto, respaldado por Francia, Italia, España y Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos. La resolución prorrogó por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y por un año el mandato de la relatora especial.
