El régimen iraní publicó este domingo una lista con los nombres de 2.986 personas fallecidas durante la represión de las protestas que comenzaron en diciembre, y declaró un total de 3.117 muertos. Organismos de la ONU y de derechos humanos, sin embargo, advierten que la cifra real podría ser entre seis y diez veces mayor, con estimaciones que llegan hasta 20.000 víctimas.
“Me gustaría informar con tristeza a la noble nación de Irán que el número total de víctimas de los recientes acontecimientos es de 3.117”, declaró el presidente Masud Pezeshkian en un comunicado oficial. El mandatario explicó que la diferencia de 131 personas entre el total declarado y la lista publicada se debe a la identidad desconocida de varias víctimas y a discrepancias en el registro del documento nacional de identidad, y que serán incluidas en una lista complementaria una vez corregidos esos datos.
Pezeshkian anunció además que en las próximas 48 horas se habilitará un sistema para que cualquier nueva información o reclamación pueda ser examinada y verificada sin trámites administrativos complicados.
El comunicado presidencial sigue la narrativa oficial que atribuye el alto número de víctimas a “terroristas” presuntamente respaldados por Estados Unidos e Israel. Pezeshkian afirmó que “los enemigos históricos y los detractores comercian con las vidas de las personas como si fueran un número”, sin ofrecer referencias específicas.
Las cifras oficiales contrastan con informes de organismos internacionales. La relatora especial de la ONU para Irán, Mai Sato, afirmó a medios estadounidenses que reportes de médicos dentro del país indican que las muertes podrían alcanzar las 20.000 personas.
“La magnitud de los fallecidos y heridos por la represión de las protestas a lo largo de este mes ha sido enorme, de miles de personas”, señaló Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aunque advirtió que es difícil verificar la información que llega desde el país debido a las restricciones vigentes en el terreno.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado el uso de fuerza letal de forma indiscriminada, con fuerzas de seguridad disparando rifles y escopetas cargadas con perdigones metálicos contra manifestantes desarmados. El desbordamiento de morgues, el uso de contenedores frigoríficos para almacenar cadáveres y enterramientos apresurados sin identificación previa son, según estas organizaciones, indicios de intentos por ocultar la verdadera escala de la represión.
El apagón casi total de internet impuesto por el régimen desde el 8 de enero ha dificultado la verificación independiente. NetBlocks, organización dedicada al monitoreo de ciberseguridad, confirmó que se trata del bloqueo digital más prolongado en la historia de Irán, con el objetivo declarado de impedir que los ciudadanos difundan imágenes de la represión y de aislar al país del escrutinio internacional. Según organizaciones de derechos humanos, esta desconexión ha permitido a las fuerzas de seguridad actuar con mayor impunidad.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, motivadas inicialmente por el colapso económico que atraviesa Irán. En diciembre la inflación alcanzó el 42,2% y los precios de los alimentos subieron un 72%. La moneda local se depreció fuertemente, y el dólar estadounidense llegó a cotizarse en 145.000 tomanes.
Lo que empezó como huelgas de comerciantes se transformó en manifestaciones masivas en las 31 provincias del país, con consignas contra el líder supremo Ali Khamenei y demandas de cambio del sistema político. Son las protestas más amplias desde los disturbios de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial.
La represión alcanzó su punto más crítico los días 8 y 9 de enero, cuando Khamenei, según funcionarios citados por medios internacionales, ordenó al Consejo Supremo de Seguridad Nacional reprimir las protestas “por cualquier medio necesario”.
Fuentes y verificaciones periodísticas indican que las fuerzas de seguridad recibieron instrucciones de disparar con intención de causar muertes. The New York Times verificó videos que muestran a agentes abriendo fuego contra manifestantes en al menos 19 ciudades y en seis barrios de Teherán. En Fardis, testigos aseguraron que más de 50 manifestantes fueron abatidos tras el despliegue de una ametralladora montada en un vehículo.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la semana pasada, en una sesión de emergencia, una resolución con 25 votos a favor que condena que la represión violenta “ha resultado en la muerte de miles de personas, incluidos niños, y un gran número de heridos”.
El texto, respaldado por países como Francia, Italia, España y Reino Unido, instó a las autoridades iraníes a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura y otros abusos contra manifestantes pacíficos. La resolución prorrogó por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán y por un año el mandato de la relatora especial.
