Por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, la Justicia realizó un nuevo operativo en el Aeropuerto de San Fernando dentro de la causa que investiga vuelos en helicóptero hacia una mansión de lujo en Pilar vinculada a Pablo Toviggino. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que volvió a presentarse en instalaciones clave del aeródromo.
En esta oportunidad los agentes ingresaron al hangar de la empresa Flyzar para secuestrar documentación considerada central para la causa, entre ellas órdenes de vuelo y nóminas de pasajeros, que permitirían reconstruir quiénes se trasladaron en las aeronaves hacia la propiedad ubicada en Villa Rosa.
Durante el operativo, el responsable de Flyzar, Felipe Carmona Natta, atendió al personal de la PSA y entregó la información solicitada por la Justicia. Es el segundo procedimiento en ese lugar: el primero, el 30 de enero, incluyó el secuestro de registros de vuelos, pólizas de seguro de los helicópteros, órdenes operativas y listados de pilotos que realizaron trayectos hacia la mansión.
La investigación procura determinar quién es el verdadero titular del inmueble y de dónde provino el dinero de la compra. La propiedad figura a nombre de la sociedad Real Central S.R.L., cuyos representantes son Luciano Pantano y Ana Lucía Conte; la adquisición se habría concretado en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, aunque una tasación oficial la valuó en alrededor de 17 millones de dólares.
Ante esa diferencia de valores, los investigadores sospechan que Pantano y Conte podrían actuar como presuntos prestanombres, ya que su situación patrimonial no estaría acorde con una inversión de esa magnitud, por lo que la Justicia analiza la posible existencia de terceros beneficiarios detrás de la operación.
El expediente también busca identificar quiénes fueron los pasajeros habituales de los helicópteros y qué tipo de carga se trasladó a la mansión, con especial atención a si entre los vuelos hubo dirigentes de la AFA o movimientos irregulares de bienes o dinero.
La causa, centrada en el análisis del patrimonio y los desplazamientos de la cúpula del fútbol argentino, se inició por una denuncia de la Coalición Cívica. En primera instancia estuvo en el juzgado de Daniel Rafecas, luego pasó al fuero Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky y, tras un reclamo por la jurisdicción, quedó finalmente radicada en Campana.
