Quince años después de la revolución de 2011 que puso fin a tres décadas en el poder de Hosni Mubarak, Egipto está gobernado por Abdelfatah al Sisi, presidente desde 2014. Analistas y organismos internacionales consideran que su gobierno es más autoritario y con mayor presencia militar que el anterior.
A continuación se presentan las claves del panorama político y social en Egipto tras la caída de Mubarak, una transición que muchos sectores perciben como incompleta o fallida.
Autoritarismo
Desde la llegada de Mubarak en 1981 hasta 2005, las votaciones eran en buena parte plebiscitarias, en las que la población se pronunciaba de manera formal sobre si quería mantenerlo como presidente.
Las elecciones de 2005 fueron las primeras en las que compitieron varios candidatos.
Esas elecciones consolidaron un modelo de “autoritarismo electoral” en el que el Partido Nacional Democrático (NDP) mantenía una posición dominante, con comicios manipulados y una tolerancia muy limitada hacia la oposición.
En ese marco, Mubarak toleraba un espacio restringido para la disidencia —prensa crítica o partidos opositores— siempre que no pusiera en riesgo el núcleo del régimen, en un contexto marcado por la corrupción generalizada.
La salida de Mubarak tras 30 años de gobierno abrió una fase de transición que incluyó el corto mandato de Mohamed Morsi (2012-2013), el único presidente elegido en votación competitiva hasta la fecha, que llevó a los Hermanos Musulmanes al poder en medio de fuertes convulsiones sociales.
La crisis política no se resolvió y, ante masivas protestas contra el gobierno, Abdelfatah al Sisi —que entonces era ministro de Defensa— encabezó una intervención militar que depuso a Morsi en julio de 2013.
Poco después, Al Sisi asumió la presidencia tras unas elecciones en las que los Hermanos Musulmanes estaban vetados. Su gestión se basó en el apoyo de las Fuerzas Armadas, la represión de la disidencia y restricciones a la actividad política y a los medios de comunicación.
Al Sisi impulsó un control reforzado sobre instituciones como la judicatura, los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas, aplicó leyes restrictivas que redujeron prácticamente a cero el espacio opositor y fomentó la despolitización de la esfera pública para evitar protestas.
El estamento militar
Las Fuerzas Armadas han sido un actor central en la vida política egipcia desde 1952, y su protagonismo se ha acentuado tras 2013, cuando el presidente provenía del Ejército.
Bajo Mubarak, los militares gozaban de influencia política y peso económico, controlando empresas y tierras, pero compartían el poder con élites civiles y con el NDP; actuaban como garante del régimen más que como dominadores absolutos de la economía cotidiana.
Con Al Sisi, el Ejército ha ampliado su presencia en sectores económicos clave: infraestructuras, grandes obras públicas y la gestión de megaproyectos como la ampliación del Canal de Suez o la construcción de la nueva capital administrativa.
El centro Carnegie Endowment estima que las Fuerzas Armadas controlan hasta un 25% del gasto público en vivienda e infraestructuras, con beneficios fiscales y uso de mano de obra subsidiada; informes de Reset DOC y Journal of Democracy sostienen que el presidente subordina instituciones a la lealtad militar, colocando a oficiales retirados en puestos clave.
Egipto en el tablero internacional
Mubarak consolidó la posición de Egipto como aliado estratégico de Estados Unidos en Oriente Medio, recibiendo desde 1979 una ayuda militar anual cercana a 1.300 millones de dólares a cambio de mantener la paz con Israel y colaborar en la lucha contra el extremismo, lo que convirtió al país en un pilar de estabilidad regional.
Ese alineamiento continúa y la asistencia militar se mantiene pese a las críticas de organizaciones de derechos humanos; además, Egipto ha estrechado vínculos con la Unión Europea en asuntos de seguridad y control de flujos migratorios.
Represión social
Informes de Human Rights Watch y Freedom House describen la represión bajo Mubarak como selectiva y calculada, con cierto margen para el activismo pero también con miles de presos políticos.
Según muchos analistas, el régimen de Al Sisi ha llevado la represión a un plano sistemático y masivo, calificada como “sin precedentes” por entidades como Carnegie Endowment y HRW, con miles de detenciones, desapariciones forzadas, torturas y sentencias colectivas por delitos relacionados con el terrorismo.
Amnistía Internacional advierte que la campaña represiva supera en alcance y severidad a la de la era Mubarak, con un control casi total sobre los medios y la sociedad civil. Freedom House señala el uso de leyes antiterroristas y vigilancia digital para erradicar la oposición, creando un clima de miedo que disuade las protestas.
Por ello, las expectativas de cambio político y social surgidas en 2011 no se han cumplido para amplios sectores, especialmente entre los jóvenes, que continúan expresando críticas en redes sociales pese a las detenciones por cargos como “difundir noticias falsas” o “pertenencia a organización terrorista”.
(con información de EFE)
