El arresto de un supervisor de la DEA en República Dominicana desató una crisis diplomática y afectó la cooperación antinarcóticos en la región.
La detención, vinculada a una investigación sobre presuntos abusos en un programa de visas para informantes confidenciales, coincidió con la decisión de Estados Unidos de cerrar de forma indefinida la oficina de la DEA en Santo Domingo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano indicó que la medida obedece exclusivamente a una pesquisa interna de las autoridades estadounidenses.
La embajadora Leah F. Campos subrayó la gravedad del caso y dejó clara su postura sobre la integridad institucional: “Usar el cargo oficial para beneficio propio es una repugnante y deshonrada violación a la confianza pública. No toleraré ni siquiera una percepción de corrupción en ninguna parte de esta embajada”, escribió en la red social X.
La falta de detalles sobre las acusaciones ha incrementado la incertidumbre acerca del paradero y situación del supervisor arrestado, identificado como Melitón Cordero, cuya comunicación permanece limitada.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) lidera la investigación; hasta ahora, ni el DHS ni la DEA han atendido solicitudes de comentario, según informó The Associated Press.
Un informe del Departamento de Justicia de 2019 señaló deficiencias en el programa de visas relacionado con la pesquisa: las autoridades federales perdieron el rastro de hasta 1,000 personas patrocinadas, lo que podría representar riesgos para la seguridad pública y nacional al aumentar la posibilidad de participación en actividades delictivas.
Ese programa permite cada año la entrada de cientos de extranjeros que, en otras circunstancias, serían inelegibles por sus vínculos con el crimen.
El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, aclaró que el cierre de la oficina de la DEA no está vinculado directamente con la administración local ni con sus resultados en la lucha contra las drogas.
La cooperación bilateral en materia de delincuencia y narcóticos entre ambos países ha sido tradicionalmente estrecha. República Dominicana es una de las principales rutas de tránsito de drogas procedentes de Sudamérica, por lo que las agencias estadounidenses han mantenido presencia activa en el país.
En ese marco, el presidente Luis Abinader anunció en noviembre la autorización para que Estados Unidos opere en zonas restringidas como la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas, con el objetivo de reforzar las labores conjuntas contra el tráfico de drogas.
El cierre de las oficinas
La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó el cierre temporal de la oficina de la DEA en Santo Domingo, una medida enmarcada en la política de “cero tolerancia” frente a cualquier indicio de corrupción, según comunicó la embajadora Leah Campos.
El anuncio indicó que la suspensión de actividades se mantendrá hasta nuevo aviso, sin precisar las circunstancias exactas que motivaron la decisión.
Campos recalcó la postura intransigente de la representación estadounidense respecto a la integridad y la transparencia en sus operaciones en el país.
“La corrupción no tiene cabida en el gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, afirmó Campos en el comunicado difundido por la misión diplomática.
