El Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación parcial a juicio de la causa contra el juez federal Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, acusado de someter a su equipo de trabajo a un régimen de violencia y hostigamiento. El requerimiento, firmado por los fiscales Iara Silvestre y Federico Iparraguirre (Unidad Fiscal de Santa Rosa) y por el fiscal general Horacio Azzolin, describe un clima de “terror manifiesto” en el que el magistrado habría aprovechado su jerarquía para cometer delitos de lesiones, amenazas y abuso de autoridad.
Según la acusación presentada recientemente, Díaz Lacava habría desarrollado una conducta sistemática dirigida a anular a sus subordinados, que incluyó “humillación, hostigamiento, descalificación, aislamiento, ninguneo, insultos y cosificación”. Aunque la fiscalía sostiene que estas conductas no discriminaban por género, en el caso de las cuatro mujeres damnificadas se agravaron dentro de un contexto de violencia de género.
“Códigos de imposible comprensión” y violencia física
El escrito fiscal relata episodios llamativos dentro del tribunal: asignación deliberadamente confusa de tareas, burlas hacia el personal y la imposición de “códigos de imposible comprensión” como demostración de poder. También se consignan actos de violencia contra objetos —golpes a muebles y portazos— que, según la acusación, funcionaban como amenazas para mantener al equipo en constante estado de alerta ante la posibilidad de agresiones.
Entre las prácticas denunciadas figuran el bloqueo de iniciativas laborales, la amenaza permanente de iniciar sumarios administrativos sin fundamento y la táctica de “hacer el vacío” para aislar a determinados empleados.
Los hechos imputados abarcan un período largo: comenzarían en diciembre de 2012, cuando Díaz Lacava asumió en el tribunal, y se habrían prolongado incluso después de la presentación de la denuncia penal en 2023.
La defensa política
Además del proceso penal, Díaz Lacava enfrenta un pedido de juicio político por mal desempeño. Ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, el juez ofreció un descargo tenso en el que admitió la existencia de algunos episodios pero los calificó como “bromas impropias” o rasgos de un estilo de conducción particular, negando intencionalidad violenta y presentándose como víctima de un supuesto complot orquestado por empleados y colegas para apartarlo del cargo.
En su defensa, trató de minimizar las conductas relatadas y atribuirlas a malentendidos o a un modo de liderazgo cuestionable, mientras que la fiscalía interpreta esos mismos actos como delitos concretos.
Desobediencia y retardo malicioso
La fiscalía sostiene que, además de las conductas de hostigamiento, el juez incurrió en desobediencia y en maniobras para entorpecer la investigación. Se señala que Díaz Lacava desobedeció una orden judicial de abril de 2023 que le prohibía acercarse a menos de 50 metros de las víctimas y del tribunal.
También se le imputa haber cometido “retardo judicial malicioso” en cuatro ocasiones, usando audiencias y correos oficiales para amedrentar a las víctimas y obstaculizar la investigación, lo que habría paralizado el funcionamiento del tribunal.
Otro hecho consignado ocurrió en marzo de 2023, durante la quema de efectos secuestrados, cuando el juez habría ordenado incinerar elementos no aptos ni seguros para el horno pirolítico, impartiendo instrucciones contrarias a la ley.
Una denuncia interna que rompió el silencio
La causa penal se inició el 19 de abril de 2023, cuando empleados del tribunal presentaron la denuncia describiendo al juez como de carácter “dominante e intempestivo”. La presentación contó con el respaldo de los colegas de Díaz Lacava, los jueces Marcos Javier Aguerrido y José Mario Tripputi, quienes acompañaron a las víctimas y refutaron la tesis del complot planteada por el acusado ante el Consejo de la Magistratura.
Los trabajadores explicaron que soportaron años de maltrato por temor a perder sus empleos y sostén económico, y que en ocasiones se sintieron “cómplices involuntarios” de la conducta del magistrado. El daño psicológico fue corroborado por peritajes del Cuerpo Médico Forense y de la Dirección de Acompañamiento a las Víctimas (DOVIC). La fiscalía incorporó registros audiovisuales de declaraciones para que el tribunal aprecie el “hondo pesar, miedo, angustia y desesperación” de los denunciantes.
Procesamiento y embargo millonario
En noviembre de 2024, el Juzgado Federal de Santa Rosa procesó a Díaz Lacava sin prisión preventiva y le trabó un embargo por 100 millones de pesos; esa decisión fue confirmada en junio de 2025 por la Cámara Federal de Bahía Blanca y parcialmente ratificada por la Casación.
Ahora, los fiscales piden que el juez sea juzgado oralmente por los delitos de amenazas (simples y agravadas), lesiones (leves y graves, incluyendo una lesión que dejó a una trabajadora inutilizada por más de un mes), abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Quedaron fuera de este requerimiento dos hechos todavía en disputa: la orden de desmantelar un vehículo oficial y un episodio en el que se le atribuye haber arrojado una piedra a una oficina y luego entrar riendo. La fiscalía decidió esperar la resolución de la instancia de apelación pendiente sobre esos puntos, aunque el Consejo de la Magistratura los sigue analizando en el marco del trámite de posible destitución.
