Una empleada del Municipio de Morón fue detenida en el marco de la investigación sobre una organización dedicada a extorsiones digitales, vinculada al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, ocurrido en la Quinta Presidencial de Olivos en diciembre pasado.
La detenida, identificada como Karen Yael Cufré, trabajaba en la Secretaría de Seguridad municipal, en la Central de Monitoreo Descentralizada de plaza Alsina, en Villa Sarmiento. La Justicia la sindica como parte del apoyo logístico de la banda y en la causa aparecieron indicios de que desde esa dependencia se habrían realizado algunos de los llamados extorsivos dirigidos al soldado.
La pesquisa fue presentada en una conferencia encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo del expediente. Se explicó allí que la estructura criminal usaba perfiles falsos en aplicaciones de citas para captar víctimas y luego exigirles dinero mediante amenazas.
Según el expediente, los líderes de la organización operaban desde cárceles bonaerenses. Tres de ellos cumplían condena en el Servicio Penitenciario Bonaerense y habrían usado teléfonos celulares de forma ilegal, con la colaboración de personas fuera de los penales. Tras los allanamientos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal en régimen de alta seguridad y se secuestraron dispositivos vinculados a maniobras de sextorsión.
Desde el Municipio de Morón informaron que Cufré ingresó en 2025 “como personal temporario conforme los procedimientos habituales y sin antecedentes penales al momento de su ingreso, tal como se le solicitara”. La comuna comunicó además su “cesantía inmediata” luego de la notificación judicial; la decisión se tomó a comienzos de febrero y se difundió cuando el caso trascendió públicamente.
“El Municipio ratifica su plena colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de la causa”, expresó el comunicado oficial.
La investigación avanzó tras la muerte de Gómez, que integraba el Regimiento de Granaderos a Caballo. El joven recibió amenazas de supuestos policías que le exigieron dinero para “sacarlo limpio” de una causa penal inexistente que lo vinculaba con una menor.
El engaño comenzó en la aplicación Evermatch, donde Gómez interactuó con un perfil falso identificado como Julieta Ayelén Cardozo. A partir de ese contacto la organización desplegó una maniobra conocida como “audio del terror”: una mujer fingió ser la madre de una adolescente y lo acusó de ser un “degenerado”, con el objetivo de quebrarlo mediante el miedo a una denuncia penal y al descrédito ante sus superiores.
La presión escaló cuando intervino un falso oficial de la Policía de la Ciudad que usurpó la identidad del agente Matías Nahuel Conti, enviando supuesta documentación y manteniendo intercambios constantes para dar verosimilitud al relato. Bajo la promesa de “limpiar” la causa inventada, exigieron transferencias reiteradas; el joven acumuló deudas y quedó atrapado en un circuito de amenazas.
En los últimos días se difundió parte del mensaje manuscrito que Gómez dejó antes de quitarse la vida. En él pidió “perdón” por lo que llamó una “estúpida decisión”, afirmó que no quería “ser una carga” ni “generar más problemas” y escribió: “No es una muerte honorable, sino más bien patética; nunca pensé que mi vida iba a terminar así por una app de citas”.
El expediente ahora procura determinar con precisión el rol de cada integrante de la organización. La detención de la empleada municipal sumó un componente político e institucional a un caso que puso en evidencia la vulnerabilidad de las víctimas frente a redes de extorsión digital que llegaron a operar desde el interior de las cárceles.
