El Senado de Filipinas inicia este lunes un juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte, un proceso de 92 días que podría culminar en su destitución y en la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos, en medio de una profunda disputa política con el presidente Ferdinand Marcos Jr. y convocatorias de manifestaciones a favor y en contra.
Más de 6.000 policías, incluidas unidades antidisturbios, fueron desplegados alrededor del edificio del Senado para garantizar la seguridad en el inicio de las audiencias. Según el calendario, la vicepresidenta o sus abogados podrán presentarse en la sesión inaugural.
El Senado actuará como tribunal para juzgar las acusaciones aprobadas el mes pasado por la Cámara de Representantes, controlada por aliados del presidente Marcos. Para condenar a la vicepresidenta se requieren al menos 16 votos, es decir, dos tercios de los 24 senadores.
Los cargos incluyen presunto enriquecimiento ilícito, uso indebido de fondos estatales confidenciales y una amenaza pública dirigida al presidente, a la primera dama y a un exlíder de la Cámara de Representantes.
Según la acusación, Sara Duterte habría amenazado con ordenar el asesinato de Ferdinand Marcos Jr., de la primera dama y de un expresidente de la Cámara baja aliado del mandatario en caso de que ella fuera asesinada en el contexto de sus disputas políticas con el gobierno.
La vicepresidenta ha negado las imputaciones, aunque antes del inicio del juicio evitó ofrecer una réplica pública detallada sobre los señalamientos.
Si el Senado la declara culpable, Sara Duterte perderá el cargo y quedará inhabilitada de forma permanente para ejercer funciones públicas, lo que también impediría su intención de postularse a la presidencia en 2028, al término del mandato de Marcos.
La crisis política contrasta con la alianza electoral que Marcos y Duterte formaron en 2022, cuando unieron fuerzas y el apoyo de dos de las familias políticas más influyentes del país.
Esa relación se fracturó poco después del inicio del gobierno, y las tensiones entre ambos sectores se han intensificado desde entonces.
El enfrentamiento se profundizó tras el arresto del expresidente Rodrigo Duterte, padre de la actual vicepresidenta.
El exmandatario fue detenido el año pasado por orden de la Corte Penal Internacional (CPI) y trasladado a La Haya, donde permanece bajo custodia.
Su comparecencia ante el tribunal está prevista para el 30 de noviembre en una causa que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a su gestión.
La investigación internacional se centra en la campaña contra las drogas impulsada durante su presidencia, una política que dejó miles de muertos, en su mayoría personas de bajos recursos.
Rodrigo Duterte ha rechazado las acusaciones y niega haber autorizado ejecuciones extrajudiciales, aunque en múltiples ocasiones emitió amenazas públicas de muerte contra sospechosos vinculados al narcotráfico.
Sara Duterte responsabiliza a Marcos por la detención y entrega de su padre a la Corte Penal Internacional, un episodio que agravó aún más la rivalidad entre las familias.
Las discrepancias también abarcan la política exterior: bajo Marcos, Filipinas reforzó la cooperación militar con Estados Unidos y adoptó una postura más firme frente a las acciones de China en el disputado mar de China Meridional.
En contraste, durante su mandato Rodrigo Duterte promovió un acercamiento con China y Rusia y cuestionó la relación estratégica con Washington.
Sara Duterte fue además criticada por no condenar incidentes de embarcaciones chinas contra fuerzas y pescadores filipinos en aguas en disputa, incluidos episodios con el uso de cañones de agua.
El inicio del juicio coincide con una situación complicada para varios senadores vinculados al bloque político de los Duterte.
El senador Jinggoy Estrada, miembro de ese bloque, fue arrestado el mes pasado por un cargo de saqueo no sujeto a fianza, en una investigación sobre un presunto esquema de sobornos relacionado con un proyecto de control de inundaciones; Estrada niega las irregularidades.
Otro senador cercano a los Duterte, Rodante Marcoleta, enfrenta un posible arresto por un cargo de saqueo que tampoco admite fianza, en una pesquisa que sostiene que recibió importantes donaciones de campaña no declaradas; Marcoleta rechaza las acusaciones.
Además, el senador Ronald dela Rosa permanece prófugo después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto en su contra por su presunta participación en las muertes investigadas durante la campaña antidrogas; dela Rosa dirigió la Policía Nacional cuando comenzó esa ofensiva.
(Con información de Associated Press)
