El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires informó que se inició una investigación tras un aviso recibido por el Departamento de delitos conexos a la trata de personas, ciberpedofilia y grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal. La notificación provino del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Alicante de la Policía Nacional de España, que advirtió sobre la posible existencia de un productor de material de abuso sexual infantil en línea.
La pesquisa internacional surgió en el marco de una operación denominada “Coma Doot”, que se originó en España y permitió identificar una red criminal vinculada al abuso infantil. Según las autoridades, parte del material detectado podría haber sido producido en territorio argentino, lo que motivó la intervención de los organismos locales.
Con esa información, los investigadores argentinos llevaron adelante tareas que culminaron con un allanamiento en Lomas de Zamora. En el operativo fue detenido un hombre de 44 años. Durante el procedimiento se secuestraron diversos dispositivos informáticos, los cuales fueron remitidos a peritajes técnicos para esclarecer su contenido y determinar si guardan relación con los hechos denunciados.
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de Lomas de Zamora, especializada en delitos contra la integridad sexual y violencia de género, con intervención del Juzgado de Garantías 8 del mismo departamento judicial. El operativo fue ejecutado por la División de Investigaciones en Ciberdelitos Contra Niños, Niñas y/o Adolescentes, dependiente de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Las medidas realizadas incluyen el análisis forense de los equipos incautados, etapa clave para identificar archivos, comunicaciones o cualquier otro elemento que pueda vincular a los sospechosos con la producción, distribución o almacenamiento de material de abuso. Los resultados de esos peritajes serán incorporados al expediente y servirán para precisar responsabilidades y avanzar con las diligencias judiciales necesarias.
El caso ilustra la coordinación entre fuerzas y unidades especializadas de distintos países frente a delitos sexuales y de abuso en el entorno digital. La intervención conjunta permite trazar vínculos transnacionales y facilita la localización de autores o material ilícito que circula por plataformas y redes, además de aportar pruebas para las investigaciones penales en cada jurisdicción. Las autoridades continúan con las actuaciones para completar la investigación y determinar eventuales responsabilidades.
