Una confesión de un interno permitió evitar un doble crimen: según fuentes y la publicación regional El Argentino de Gualeguaychú, un capo narco detenido habría contratado a un sicario uruguayo para asesinar a funcionarios judiciales argentinos. Por esa razón la Gendarmería realizó un allanamiento en la cárcel desde la que se habría planificado el ataque. Los objetivos señalados eran el fiscal Ignacio Candioti y el juez Leandro Ríos; además, fuentes consultadas por Infobae indicaron que el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, también figuraba entre los blancos.
El presunto autor intelectual sería un poderoso jefe narco oriundo de Diamante, alojado en la Unidad Penal 9 de esa ciudad. El perfil corresponde a Leonardo Airaldi, expresidente de la Sociedad Rural diamantina, de 44 años y nacido en Mar del Plata. Airaldi enfrenta dos causas por narcotráfico y, recientemente, el Tribunal Oral Federal rechazó un planteo de su defensa para separar los expedientes, cuya audiencia está prevista desde el martes 24 en Paraná. Una de las causas se inició en Paraná en 2019 y vincula a una organización de catorce personas; la otra proviene de Santa Fe en 2022, tras el secuestro de 30 kilos de cocaína en la zona de Puerto Gaboto. Su abogada defensora es Marian Barbitta.
En las causas mencionadas, la acusación en las audiencias estuvo a cargo del fiscal Candioti; el juez Ríos intervino en la instrucción de uno de los casos; y Roncaglia fue jefe de la Policía Federal hasta 2019 antes de asumir la conducción de la división Drogas Peligrosas. Todos residen en Paraná, a unos 290 km de la cárcel donde permanece el supuesto autor intelectual.
La información sobre el plan salió de un interno que actúa como informante de las autoridades. Este testigo describió con detalle la dinámica interna de la Unidad Penal de Gualeguaychú y el poder que, según dijo, ejercía el capo narco sobre otros presos y parte del personal penitenciario.
El testigo relató además que Airaldi habría afirmado que el magistrado “le había inventado una causa” y que el fiscal tenía “todo arreglado para condenarlo a 15 años”.
Cómo se planearon las muertes
Según el relato del detenido informante, el plan incluía la contratación de un sicario uruguayo por un pago acordado de USD 40.000. El lugar previsto para los homicidios era Punta del Este y el momento, las vacaciones en las playas uruguayas de Candioti y Ríos.
En el caso de Roncaglia, el atentado habría sido planeado para cuando se desplazara en moto hacia la quinta de unos amigos cercana a Paraná; el monto pactado sería mayor porque el crimen debía realizarse en territorio argentino.
El testimonio aportó además detalles macabros sobre la logística: la operación se pensó con dos vehículos —en uno viajarían los ejecutores y en el otro se trasladaría un tacho con cal cáustica, que se emplearía para disolver el cuerpo rápidamente—, según describió el informante.
Cómo se desbarató el plan criminal
El ministro de Seguridad provincial recibió la advertencia a través del Director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y del director de la Unidad Penal 9, Lucas Duffour.
El interno declaró su versión ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, quien solicitó al juez Hernán Viri la orden de allanamiento de la cárcel. El operativo se llevó a cabo el viernes 20 por la tarde por el Escuadrón 56 de Gendarmería con asiento en la zona sur de la provincia.
El procedimiento contó con el apoyo de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario. En la requisa se secuestraron teléfonos, anotaciones, cocaína y documentación, según informó una alta fuente judicial citada por El Argentino de Gualeguaychú. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones por la gravedad de lo denunciado.
La divulgación del plan causó conmoción entre los funcionarios que aparecían en la lista de presuntos objetivos, por lo que se activó un esquema especial de protección para ellos y sus familias.
Por ahora, la causa está en manos del fiscal Rebollo y tramita en la Justicia Federal de Gualeguaychú.
