Activistas de Greenpeace fueron detenidos en la explanada del Congreso durante una protesta contra el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el oficialismo busca aprobar en el Senado.
Durante la manifestación, los participantes saltaron la reja del Palacio Legislativo para expresar su rechazo a las modificaciones propuestas de la Ley 26.639, vigente desde 2010.
La protesta fue breve: los manifestantes exhibieron un cartel con la leyenda “Senadores: no se caguen en el agua” y varios integrantes de la organización fueron detenidos por la Policía Federal.
La sesión en la Cámara Alta está prevista para las 11 y el debate se centra en transferir a las provincias la facultad de definir qué zonas podrían habilitarse para la actividad minera, flexibilizando los criterios de explotación.
El bloque oficialista sostiene que la reforma permitirá atraer inversiones importantes, especialmente en proyectos de cobre, al relajar las condiciones para identificar áreas protegidas.
Actualmente la ley protege glaciares y áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce. Uno de los puntos más controvertidos es la redefinición de los espacios periglaciares, cuya descripción actual —zonas de alta montaña con suelos congelados y función de regulación hídrica— es considerada por algunos sectores como demasiado amplia.
Desde el sector minero aseguran que la normativa vigente equivale a una prohibición casi total para nuevos emprendimientos.
La iniciativa mantiene al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares, pero pone énfasis en el artículo 124 de la Constitución, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias. Según el proyecto, las jurisdicciones provinciales determinarían si un área es reserva de agua dulce y podrían aprobar los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas mineras.
La ley actual prohíbe la actividad minera en glaciares por su ubicación; la reforma propone introducir el criterio de “aporte hídrico relevante y comprobable” para calificar las zonas protegidas, lo que modificaría el alcance de las restricciones vigentes.
Para Greenpeace y decenas de ONG, la iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin efecto una normativa clave, resultado de movilización social, trabajo científico y participación de comunidades y organizaciones.
Las organizaciones ambientalistas sostienen que la ley vigente establece estándares mínimos internacionales para proteger las fuentes de agua en territorios de alta montaña y que la reforma no es una actualización técnica, sino que implicaría, en la práctica, una ruptura del sistema de presupuestos mínimos, generando inestabilidad jurídica y legislativa.
Noticia en desarrollo…
