Activistas de Greenpeace fueron detenidos en la explanada del Congreso durante una protesta contra el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que el oficialismo intenta aprobar en el Senado.
Los manifestantes saltaron la reja del Palacio Legislativo para manifestar su rechazo a los cambios propuestos en la Ley 26.639, vigente desde 2010.
La intervención duró pocos minutos; los participantes exhibieron un cartel con la leyenda “Senadores: no se caguen en el agua” y varios integrantes de la organización fueron rápidamente aprehendidos por la Policía Federal.
La sesión en la Cámara Alta está prevista para las 11 y el debate se centra en transferir a las provincias la facultad de definir qué zonas podrían habilitarse para la actividad minera, aplicando criterios más flexibles.
El proyecto oficial sostiene que la reforma atraerá inversiones importantes, en particular en proyectos de cobre, al flexibilizar los requisitos para determinar áreas protegidas.
La norma actual protege tanto glaciares como áreas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce. Uno de los puntos más controvertidos es la redefinición de las áreas periglaciares, cuya descripción como zonas de alta montaña con suelos congelados y función reguladora del agua es vista por sectores empresariales como demasiado amplia.
Desde la industria minera afirman que la legislación vigente equivale a una prohibición prácticamente total para nuevos emprendimientos.
La iniciativa mantiene al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero pone énfasis en el artículo 124 de la Constitución, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Según el texto propuesto, las provincias decidirían si un área es una reserva de agua dulce y tendrían la potestad de aprobar los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas.
La ley vigente prohíbe toda actividad minera sobre glaciares por su ubicación. El proyecto introduce el criterio de “aporte hídrico relevante y comprobable” para calificar las zonas protegidas, lo que modificaría de forma significativa el alcance de las restricciones actuales.
Para Greenpeace y decenas de ONG, la iniciativa impulsada por el oficialismo dejaría sin efecto una normativa clave, fruto de movilización social y del trabajo de científicos, comunidades y organizaciones.
Las organizaciones ambientalistas señalaron que la normativa vigente es un referente internacional que establece presupuestos mínimos para proteger las fuentes de agua en territorios de alta montaña. Según sostienen, la reforma no es una actualización técnica ni una mejora normativa, sino que implicaría una modificación de facto del marco constitucional de presupuestos mínimos y generaría inestabilidad jurídica y legislativa.
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