Lorenzo Miguel en el centro de la escena. El 2 de marzo de 1976 marcó la reanudación formal de la actividad gubernamental tras las vacaciones de verano y el habitual receso de enero y febrero. Isabel Martínez de Perón volvía de Chapadmalal; los medios informaban sobre la selección de tenis dirigida por Guillermo Vilas y se mencionaban quejas brasileñas por la infraestructura de los estadios del próximo Mundial. En la agenda pública también figuraban noticias sobre “ataques terroristas”, el esclarecimiento del asesinato del coronel Rafael Raúl Reyes en Mar del Plata, el estreno londinense de la ópera Bomarzo y operaciones ilegales de compra y venta de dólares entre Bolivia y la Capital Federal.
En un contexto de derrumbe de la producción petrolera, crisis energética y conflictos laborales, Lorenzo Miguel consiguió un encuentro con Isabelita en la Casa de Gobierno. Fue una cumbre sindical relevante, tal vez la más importante antes del golpe militar que ocurriría veinte días después, en la que la Presidenta se sentó con las 62 Organizaciones para tratar la situación política y económica del país.
Además del metalúrgico, participaron Rogelio Papagno, Felipe Mascali, Néstor Carrasco y Manuel Pedreira. Días después, Isabelita recibió a representantes de la CGT, del Partido Justicialista y a legisladores. Tras un período de fragilidad en su salud y su poder político, buscó proyectar firmeza ante sus aliados, aunque la suerte política ya estaba muy comprometida.
En aquellos días crecían los rumores de cambios de gabinete: se hablaba de la salida del ministro de Trabajo Miguel Unamuno y del de Economía Emilio Mondelli. Al mismo tiempo, Lorenzo Miguel se consolidaba como un actor central en la convulsionada escena política.
Aunque propuso medidas como controles de precios y rectificaciones, el dirigente sindical insistió en no cuestionar la investidura presidencial. Se distanció de posturas como la de Victorio Calabró, gobernador bonaerense, y de su ambición de legitimar la continuidad del poder mediante acuerdos con militares.
Fue, en cierto sentido, un repliegue de las 62 organizaciones ante la máxima autoridad. Poco después de la reunión, Miguel habló de una “incondicional adhesión” a Isabelita y la reconoció como jefa del movimiento, sumando el apoyo de la Juventud Sindical. A la vez aseguró que no habría paros ni otras medidas de fuerza y rechazó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y la congelación de salarios. Esto sucedía mientras circulaban comunicados empresariales, pronunciamientos del propio FMI y editoriales que advertían sobre una dinámica hiperinflacionaria. Ítalo Luder, presidente del Senado, advirtió que un golpe de Estado agravaría aún más la situación. La oposición intentó avanzar con un juicio político a la Presidenta, pero no reunió los apoyos necesarios.
La conducción del peronismo sindical intentaba marcar la cancha. Sin embargo, mientras los diarios informaban sobre secuestros y asesinatos de empresarios y familiares y se hablaba de una posible Asamblea Legislativa, la demostración de fuerza gremial no ocultaba una realidad: el peronismo se mostraba profundamente fracturado.
El panorama político se extendía a otros espacios: el radicalismo de Ricardo Balbín canalizaba el temor de la clase media ante la violencia social y la caída del nivel de vida, y la burguesía nacional había quedado debilitada tras el ostracismo de su referente, José Ber Gelbard, quien se había alejado de la conducción económica después de la muerte de Perón.
Por presiones internas y externas, el Estado de Bienestar se resquebrajaba: el poder adquisitivo había caído y, pese a las apariencias de firmeza, los sindicatos peronistas contaban con un margen de negociación cada vez más reducido. La gran burguesía agraria e industrial, estrechamente vinculada a grandes empresas extranjeras y representada en el Consejo Empresario Argentino (CEA) por José Alfredo Martínez de Hoz, delineaba un modelo que apuntaba a reducir las capacidades industriales locales.
Ese clima acelerado y conflictivo fue caldo de cultivo para la conspiración militar. El gobierno de Isabel no lograba contener la ola de huelgas ni neutralizar de forma definitiva a la guerrilla —a la que no buscó desarmar mediante acuerdos, sino eliminar—. Además, se vislumbraba una nueva crisis económica con aumento del desempleo.
La presión gremial se intensificó tras el Rodrigazo, en una larga agonía del poder político sometido al chantaje permanente del partido militar. En paralelo, los empresarios del CEA, liderados por Martínez de Hoz, trabajaban en un plan de apertura económica y desmantelamiento de la industria, al tiempo que estrechaban vínculos con la cúpula del Ejército. Buscaban orden, debilitar la influencia de los delegados fabriles y reducir la capacidad de maniobra de los sindicatos.
Un titular de Clarín, “Los militares no abren juicio”, daba cuenta del silencioso mutismo de las Fuerzas Armadas en medio de la turbulencia. Ese silencio, sin embargo, era estratégico: mientras aparentaban respetar la democracia, en los cuartos de la Marina y el Ejército se desarrollaban planes y tácticas secretas que luego tendrían consecuencias brutales.
Precavido y sigiloso, el comandante general de la Armada, Emilio Massera, viajó entonces a la Base Naval de Puerto Belgrano acompañado por el jefe del Estado Mayor General, el vicealmirante Armando Lambruschini. Buscaba afianzar el control sobre su propio sector y unir a los altos mandos.
Aunque algunos generales del Ejército simpatizaban más con el peronismo o con el radicalismo, los unía el anticomunismo y la ausencia de límites en la represión. Ya en mayo de 1975, Jorge Videla, entonces general de brigada y jefe del Estado Mayor General, empezó a tramar con el secretario general del Ejército, Roberto Viola, el golpe que llevarían a cabo diez meses después.
El bajo perfil y la disciplina de Videla hicieron que no llamara la atención pública, pero él actuó con cautela. José López Rega, ministro de Bienestar Social y figura clave del entorno presidencial, lo sospechaba mientras consolidaba su liderazgo en la Triple A. La muerte de Perón en 1974 exacerbó los enfrentamientos entre la derecha del movimiento, el aparato ligado a Isabelita y López Rega, y la izquierda peronista, con los Montoneros y otras corrientes enfrentadas.
López Rega alcanzó su mayor poder tras la muerte de Perón y durante ese periodo la Triple A concentró asesinatos de peronistas disidentes y militantes de izquierda. A fines de 1975, la renuencia de Isabel a renunciar, pese a su delicado estado de salud, convenció a Videla y Massera de la necesidad de prepararse para un golpe, mientras la dirigencia política buscaba vías legales para forzar su salida.
Tiempo después, el contraalmirante retirado Horacio Zaratiegui confirmó la premeditación golpista de las Fuerzas Armadas, que por razones de estrategia definieron el momento del asalto al poder. La Armada comenzó a planificar la configuración de un gobierno militar en el que no predominara exclusivamente el Ejército, lo que explica en parte los viajes y movimientos de Massera en esos días.
Paralelamente, Videla fue estructurando un Ejército cohesionado e involucrando a los mandos en un pacto interno considerado indispensable para tomar el poder e iniciar la represión masiva. Massera, que desconfiaba del liderazgo civil de Videla, se sumó a la escalada con la intención de asegurar su propia influencia.
Mientras los discursos públicos hablaban de defensa de la Constitución, en el edificio Libertad, sede de la Armada, se sentaban las bases de lo que sería el aparato represivo. Videla trabajó en la cohesión del Ejército y en su subordinación a la guerra abierta —en Tucumán y otras zonas— y a la guerra clandestina, mediante unidades de combate bajo la órbita de la inteligencia militar que luego serían instrumentales en la represión.
Sin desconocer la gravedad política y el riesgo para la vida democrática, Lorenzo Miguel intentó preservar la mística del poder peronista desde su liderazgo ortodoxo. Hasta el final pareció resistir, aunque en lo íntimo debía saber que su esfuerzo era insuficiente. Cuando salió de la Casa Rosada poco después del inicio del golpe, en la madrugada del 24 de marzo, dijo a los periodistas que “todo es normal” y que no había movimientos de tropas ni ultimátum militar; esa versión no se ajustaba a la realidad.
Miguel (1927-2002), histórico secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), murió sin honores públicos y fue objeto de fuertes controversias: para peronistas progresistas estuvo vinculado a listas de “enemigos” que luego fueron atacados y a la derecha del movimiento; para otros fue un burócrata sindical que dañó la vitalidad del movimiento; y para sus defensores fue un peronista tradicional que también sufrió persecución y prisión durante la dictadura, aunque los críticos sostienen que mantuvo pactos con los militares.
En aquellos primeros días de marzo de 1976, es probable que Lorenzo Miguel supiera que el asalto final contra Isabel era solo cuestión de tiempo. El plazo militar se había vencido y la conspiración avanzó, entre sigilos y decisiones nocturnas, sobre la Casa de Gobierno para dar paso a la represión más sangrienta en la historia argentina.
