El régimen iraní ejecutó este jueves a tres hombres detenidos en las protestas de enero de 2026, en los primeros ahorcamientos que las autoridades reconocen oficialmente relacionados con esas manifestaciones. Según la agencia judicial Mizan, Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saeed Davoudi fueron colgados al amanecer en la prisión central de Qom tras ser condenados por moharebeh —“enemistad contra Dios”, el delito capital establecido por la sharía iraní.
El caso que atrajo mayor atención fue el de Saleh Mohammadi, de 19 años, miembro del equipo nacional de lucha libre con participación en competiciones internacionales. Fue condenado por su presunta implicación en la muerte de un agente de policía durante los disturbios del 8 de enero en Qom. La organización Iran Human Rights (IHR) afirmó que la condena se basó en una confesión obtenida bajo tortura y que el abogado defensor no consiguió que el tribunal admitiera pruebas exculpatorias, incluidas imágenes de cámaras de vigilancia que, según allegados, no lo situaban en la escena.
Amnistía Internacional señaló que a Mohammadi se le negó una defensa adecuada y que fue obligado a confesar en procedimientos acelerados que no se asemejaban a un juicio justo. El monitor jurídico Dadban añadió que los tres condenados carecieron de acceso efectivo a abogados independientes y que, dadas esas condiciones, la aplicación de la pena de muerte equivale a una ejecución extrajudicial. Según la versión oficial, Davoudi fue acusado de matar a dos policías con armas blancas y Ghasemi de realizar acciones operativas a favor de Israel e incitar a la violencia para desestabilizar el país.
Las ejecuciones se produjeron un día después de que las autoridades hubieran ahorcado a Kouroush Keyvani, ciudadano con doble nacionalidad iraní-sueca, condenado por espionaje a favor de Israel; IHR indicó que era la tercera ejecución en 2026 por ese motivo. La ministra de Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, afirmó que el proceso no fue jurídicamente sólido, y la Unión Europea también condenó la ejecución.
Las protestas comenzaron a finales de diciembre de 2025 con movilizaciones de comerciantes contra el aumento del coste de vida y se extendieron a más de cien ciudades, transformándose en las mayores manifestaciones desde la Revolución de 1979. Las jornadas más violentas tuvieron lugar los días 8 y 9 de enero. El gobierno iraní reconoció más de 3.000 muertos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y atribuyó la violencia a “terroristas” financiados desde el exterior. La agencia estadounidense HRANA documentó más de 7.000 muertes, en su mayoría manifestantes, y advirtió que la cifra real podría ser mayor.
IHR estima que centenares de detenidos afrontan cargos que podrían acarrear la pena capital. El jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, advirtió que no habrá clemencia para quienes resulten condenados por actos violentos.
La organización advierte que la guerra en curso —iniciada el 28 de febrero con ataques que, según la nota, causaron la muerte del líder supremo Alí Khamenei— podría emplearse como pretexto para acelerar las ejecuciones. “Estas ejecuciones se llevan a cabo para sembrar el miedo en la sociedad, pues la República Islámica sabe que la principal amenaza a su supervivencia proviene del propio pueblo iraní”, señaló IHR.
Irán es, tras China, el país con más ejecuciones registradas; IHR reportó al menos 1.500 ahorcamientos el año anterior. La ejecución de Mohammadi evocó la de Navid Afkari, luchador ahorcado en 2020 pese a una campaña internacional que no logró evitar su ejecución.
Analistas y organizaciones de derechos humanos sostienen que el régimen responde hoy a una mayor presión exterior con la misma lógica represiva: más ejecuciones para intentar reducir el ruido y disuadir la disidencia interna.
