La decisión del Gobierno de conceder por 30 años el complejo turístico de Chapadmalal generó preocupación entre los trabajadores, que advierten sobre la posibilidad de despidos, el vaciamiento de instalaciones y la pérdida de un símbolo del turismo social en Argentina.
El anuncio lo realizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la política de ajuste que impulsa el Ejecutivo. Según fuentes consultadas, el proceso de concesión estaría avanzado y podría implicar la desvinculación del personal que actualmente presta servicios en la Unidad Turística Chapadmalal.
En su conferencia habitual, Adorni justificó la medida como una forma de atraer inversión privada. “Se busca traer inversión privada que restaure y eleve la calidad del complejo para que pase a estar finalmente al servicio de la gente”, afirmó. No obstante, no ofreció detalles sobre el destino de los trabajadores ni sobre las condiciones de acceso público en el futuro.
Críticas por falta de definiciones
Desde la delegación de UPCN en General Pueyrredón rechazaron el anuncio y sostuvieron que el proceso lleva meses sin avances concretos. “Es una venta de humo. Estamos en un limbo desde el año pasado, sin ninguna certeza”, indicaron.
Los representantes sindicales explicaron que el complejo pasó a la órbita de la Jefatura de Gabinete, pero que desde entonces no se difundió información clara sobre su destino. Señalan que esa ausencia de definiciones contribuye al deterioro progresivo del funcionamiento.
Paralización del turismo social
Uno de los aspectos más sensibles es la interrupción de la actividad de turismo social, una política histórica que facilitaba vacaciones para sectores populares. Según los trabajadores, esa actividad está prácticamente detenida.
“Lo que es el turismo social estuvo trabado, no lo tuvimos abierto y eso genera una gran angustia entre nuestros compañeros”, explicaron, describiendo un proceso de vaciamiento previo a la concesión.
Impacto social: familias en riesgo
El eventual cierre o reconversión del complejo afectaría de forma directa a unas 60 familias que dependen laboralmente de la colonia. Para los trabajadores, las medidas representan no solo un ajuste administrativo sino también una consecuencia social relevante.
“Nos enfrentamos a momentos muy inciertos. No hay respuestas y no tenemos un panorama claro a futuro”, expresaron desde el gremio.
Debate sobre el rol del Estado
El caso de Chapadmalal reabre la discusión sobre el papel del Estado en garantizar el acceso al turismo y en la gestión de bienes públicos. Mientras el Gobierno apuesta por criterios de mercado y reducción del gasto, sectores críticos sostienen que la búsqueda de eficiencia puede derivar en una transferencia de recursos públicos al sector privado con impacto en el empleo y en derechos laborales.
El futuro del complejo, emblema del turismo social en el país, queda así marcado por la tensión entre la búsqueda de rentabilidad y la función social que históricamente cumplió.
