Organizaciones sociales y políticas se movilizaron hacia Puente Saavedra y Puente Pueyrredón y protagonizaron momentos de tensión con las fuerzas de seguridad tras reclamarle al Gobierno nacional que no cierre el programa Volver al Trabajo. En los hechos participaron la Policía Federal, manifestantes piqueteros y militantes del Partido Obrero (PO); en ambos puntos también estuvo presente la Prefectura.
Días antes, el Ministerio de Capital Humano informó que el último día de cobro del plan sería el 7 de abril, y justificó la medida en la línea de gestión de la cartera, a cargo de Sandra Pettovello, de “priorizar la inserción laboral formal” y “eliminar la intermediación en los planes sociales”.
Las organizaciones presentes en la movilización denunciaron que el cierre del programa afectará a los trabajadores y trabajadoras más pobres y precarizados, y remarcaron que con ese salario se sostienen comedores, merenderos, espacios de primera infancia, centros de salud, proyectos educativos y dispositivos de acompañamiento a personas en situación de consumo y en situaciones de violencia.
La finalización del programa impactó a más de 950.000 trabajadores que realizan tareas esenciales en barrios populares de todo el país y que percibían un Salario Social Complementario, que según las organizaciones está “congelado desde diciembre de 2023” en $78.000.
El cierre del plan también afecta a quienes se desempeñan en producción textil, reciclado, venta ambulante en el espacio público y agricultura familiar, campesina e indígena; en muchos distritos, además, esos ingresos complementaban tareas municipales como limpieza de calles y plazas, reparaciones y pequeñas obras de infraestructura.
La protesta se replicó en varios puntos del país. En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las agrupaciones cortaron accesos en Puente Saavedra; Liniers; la avenida Juan Manuel de Rosas y General Paz; y Puente La Noria.
Desde el Partido Obrero señalaron que el cierre del programa afectará “profundamente las economías regionales y los comercios de cercanía” de los barrios populares, y afirmaron que la medida retira de la circulación alrededor de 600 millones de dólares anuales, dinero que, según su versión, el Gobierno saca de la economía real para aplicar un ajuste en línea con lo que exige el FMI.
En su comunicado final, las agrupaciones sostuvieron que el Gobierno intenta manipular estadísticas para ocultar la situación de millones de personas que ven crecer la pobreza y el endeudamiento, y añadieron que la finalización de Volver al Trabajo se produce en un contexto de recesión, inflación, cierre de fuentes laborales y despidos masivos.
