La entrega de créditos hipotecarios del Banco Nación a alrededor de medio centenar de funcionarios públicos generó al menos tres denuncias en la justicia federal, que deberán investigar si existieron irregularidades, tráfico de influencias o delitos relacionados.
Desde el Banco Nación afirmaron que no hubo trato preferencial y que iniciaron una auditoría interna para determinar con exactitud el trámite de cada préstamo. También aseguraron que pondrán a disposición de la Justicia toda la documentación requerida para esclarecer que los créditos se otorgaron conforme a las normas vigentes.
Según el registro publicado por el sitio “Cuánto deben”, entre los beneficiarios figuran miembros del equipo económico como Felipe Núñez (director del BICE y asesor del ministro de Economía Luis Caputo), Federico Furiase (ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas) y Pedro Inchauspe (director del Banco Central). También aparecen legisladores como Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero y Lorena Villaverde, y otros funcionarios como Juan Pablo Carreira (conocido en redes como Juan Doe), responsable de la Oficina de Respuesta Oficial; Sharif Menem, director de la secretaría privada en Diputados; Guillermo Madero, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa; Emiliano Mongilardi, director de YPF; y Leandro Massaccesi, ex jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, recientemente separado de su cargo. El relevamiento incluye además a numerosos funcionarios judiciales.
En declaraciones al canal de streaming Carajo, Núñez y Furiase rechazaron irregularidades: dijeron no haber hecho nada ilegal ni inmoral y sostuvieron que tomaron el crédito como cualquier persona que reúne condiciones para acceder a él, con las mismas tasas y plazos que ofrecen al público en general. Explicaron que eligieron el Banco Nación porque cobran allí, son clientes del banco y, según ellos, la tasa era la más competitiva del mercado.
El caso puso de manifiesto contradicciones políticas: funcionarios kirchneristas que durante años criticaron los créditos UVA aparecen como demandantes de esos préstamos, y dirigentes libertarios que impulsaron la privatización o incluso el cierre del Banco Nación optaron por la línea “Más hogares con BNA” en lugar de acudir a la banca privada.
Mientras avanza la investigación judicial, surgen cuatro preguntas clave para comprender la situación:
1-¿Los funcionarios públicos consiguieron el crédito con las mismas condiciones que el resto de los clientes?
Si bien las tasas y los plazos fueron los mismos ofrecidos al público, la línea “Más hogares con BNA” incluye dos diferencias relevantes para funcionarios y empleados públicos que no están disponibles para trabajadores del sector privado, aun cuando cobren sus haberes en el Nación.
La primera diferencia es que el préstamo puede cubrir hasta el 90% del valor de la propiedad adquirida, según la información oficial, frente al 75% que se ofrece al resto de los clientes del banco. En el sistema financiero, otros bancos suelen financiar entre el 65% y el 75%.
La segunda ventaja es que la relación cuota/ingreso se eleva al 30% (desde el 25% de la línea general), lo que permite asumir cuotas más altas y, por tanto, acceder a montos mayores.
El plazo máximo es de 30 años y las tasas fueron variando: en el pasado llegaron al 4,5% y actualmente están en torno al 6% para primera vivienda, por lo que no todos los prestatarios afrontaron el mismo costo. Ninguna entidad del sistema ofrecía tasas tan bajas; otros bancos suelen cobrar entre el 10% y el 15% incluso para clientes con cuenta sueldo.
2-¿Los créditos a los funcionarios públicos se otorgaron en forma legal?
Es probable que la justicia concluya que sí, porque las diferencias detectadas están contempladas en las condiciones comerciales de la línea “Más hogares con BNA”. El Banco Nación sostiene que esos beneficios se aplicaron conforme a requisitos objetivos y no de manera discrecional.
Según la web del banco, las ventajas se destinan a “personas humanas en actividad laboral en relación de dependencia de planta permanente y contratados con contrato vigente al momento del otorgamiento” que pertenezcan al sector público nacional o provincial, a empresas con capital mayoritariamente estatal, a universidades públicas nacionales y que cobren sus haberes a través del banco. Esa definición incluye desde un diputado nacional o el director de un banco público hasta un profesor universitario o un empleadodel ministerio. De los 27.000 créditos otorgados por esta línea, 11.200 correspondieron a empleados públicos, por lo que la mayoría se entregó a trabajadores del sector privado o a monotributistas/autónomos.
3-¿Por qué los montos otorgados fueron tan altos?
Los montos elevados se explican por las dos diferencias señaladas: la cobertura de hasta el 90% del valor de la propiedad y la posibilidad de destinar hasta el 30% del ingreso a la cuota. Esas condiciones, sumadas a que algunos funcionarios conservan salarios altos pese al congelamiento, facilitan la aprobación de préstamos de gran cuantía.
La cobertura del 90% permite que el préstamo alcance cifras altas sin exceder los topes de la línea: hasta 210.000 UVAs (aproximadamente $390 millones al valor actual) para primera vivienda, o 350.000 UVAs (unos $653 millones) para segunda vivienda o propiedades de mayor valor.
Además, los registros del sitio “Cuánto deben” muestran el saldo pendiente de pago, tal como figura en la Central de Deudores del BCRA. En los préstamos UVA, el ajuste por inflación se aplica al saldo adeudado en pesos, por lo que ese saldo ha ido creciendo con la inflación. Por ejemplo, en el caso de Felipe Núñez se registró un saldo inicial de $373 millones en febrero de 2025, que pasó a $478 millones en enero de este año. El IPC del 2,9% de febrero (y cifras similares previstas) probablemente incrementará aún más esos saldos.
4-¿Los tiempos de otorgamiento fueron los mismos que para un ciudadano común?
Varios funcionarios que tomaron los créditos (como los diputados Bongiovanni y Campero, y la kirchnerista Julia Strada) indicaron que su trámite demoró varios meses desde la preaprobación hasta la compra del inmueble y que no hubo un tratamiento exprés. Desde el Banco Nación también sostienen que no existió una “ventanilla” especial y que los trámites se gestionaron en igualdad de condiciones; además, desde enero se implementó la gestión digital de estos préstamos, lo que reduce los plazos.
En las denuncias presentadas, como la impulsada por la diputada Mónica Frade, la Justicia solicitó al banco que aporte, como prueba, la “carpeta” de cada crédito cuestionado, es decir, el detalle día a día del trámite, con el objetivo de verificar si algún expediente recibió un tratamiento más rápido de lo habitual. La investigación judicial deberá establecer ese punto.
