Mientras participaba en el AmCham Summit y respondía a la prensa, el ministro de Salud, Mario Lugones, informó que el Gobierno había comenzado a normalizar el flujo de fondos hacia las prestadoras del PAMI. “Hoy está pagando, la plata llegó”, afirmó.
Las cámaras que agrupan a las prestadoras del PAMI habían reclamado por pagos que todavía no se habían acreditado en sus cuentas durante este mes. El monto en disputa rondaba los $500.000 millones y motivó una reunión entre esas entidades y autoridades del PAMI la semana pasada.
En ese encuentro se aseguró que los envíos de fondos se normalizarían y se calificó la demora como una situación excepcional.
El Ministerio de Economía transfirió al PAMI $150.000 millones el lunes para que la obra social empezara a abonar a prestadoras y médicos de cabecera.
El PAMI se financia con los aportes retenidos de jubilados y pensionados, pero esos recursos no alcanzan para cubrir la totalidad de las prestaciones destinadas a casi 6 millones de afiliados. Por eso, sin aportes del Tesoro, la capacidad financiera de la entidad se reduce considerablemente.
Con esos fondos en la cuenta, el PAMI inició transferencias a las prestadoras el martes. Fuentes internas señalan que habrá pagos el miércoles y que el jueves podría abonarse una “buena parte” de los $500.000 millones reclamados.
Desde la obra social aclararon que esos $500.000 millones no constituyen en su mayoría una deuda: gran parte corresponde a facturas presentadas con retraso respecto al momento de la prestación. Explican que, en otras gestiones, esos pagos se realizaban el primer día del mes y aquí se demoraron varios días más, aunque aún existe margen financiero para cubrir muchas de esas presentaciones.
La semana pasada, un alto funcionario del Ministerio de Salud sostuvo que no se trataba de un recorte sino de un retraso en el envío de fondos. Reconoció la importancia del atraso y la necesidad de financiamiento para responder a las prestadoras.
La situación presupuestaria del PAMI ganó notoriedad recientemente por la reducción de la asistencia financiera del Tesoro. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) indicó que los gastos en prestaciones del PAMI cayeron 41,3% en términos reales en el primer trimestre del año respecto al mismo período del año anterior.
La OPC detalló que en marzo el PAMI no recibió asistencia financiera del Tesoro, a diferencia de marzo de 2025 cuando sí recibió $0,2 billones. En el primer trimestre de 2026 el PAMI recibió $0,5 billones en transferencias desde ANSES (por retenciones sobre haberes) y $0,2 billones en asistencia del Tesoro correspondiente a febrero, frente a $0,5 billones en el primer trimestre de 2025.
Esos datos motivaron reuniones técnicas entre los equipos del Ministerio de Economía y de Salud para desbloquear el envío de fondos, que comenzaron a llegar el lunes.
En el PAMI admiten que hay sectores con atrasos marcados, como el caso de las ópticas. Señalan que, además de las demoras, se están revisando documentación y facturas recibidas y que continuarán auditando desviaciones y prestaciones sin respaldo documental en distintos rubros de la salud.
Desde una de las cámaras más importantes del país confirmaron que el PAMI empezó a pagar, aunque consideraron que los giros siguen siendo insuficientes. “Es un ibuprofeno en el medio de una enfermedad terminal”, señalaron.
El panorama financiero complejo no se limita al PAMI: las prestadoras también alertan sobre atrasos en otras obras sociales, como el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Asociaciones de clínicas bonaerenses enviaron una carta al presidente de esa obra social, Homero Giles, expresando un retraso del 17,33% en abril y reclamando por el flujo sistémico de pagos.
Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro desde el lunes para pedir un aumento del pago mensual por atención, que hoy sitúan en $2.100. En el Gobierno relativizaron el impacto de la medida: admitieron fuerte acatamiento en sectores del Conurbano, pero afirmaron que no hubo un efecto significativo en la atención a pacientes.
Antes de fin de año, el Ejecutivo deberá decidir si mantiene el régimen que exime del pago de contribuciones patronales a la mayoría de los prestadores privados, una medida vigente desde la Ley de Emergencia Sanitaria tras la crisis de 2001 y prorrogada por 23 años.
El Gobierno prorrogó esa excepción hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que además suspende ejecuciones fiscales y embargos por deudas acumuladas. Si no se extiende, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) podría embargar activos y aplicar sanciones. Según el Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes), hay unas 25.000 instituciones registradas y al menos 5.000 identificadas por ARCA como sujetas a procesos fiscales. La deuda del sector se acumuló durante más de dos décadas, período en el que solo un reducido grupo de grandes prestadores continuó pagando.
Hace dos años se lanzó un plan de pagos extraordinario para saldar deudas acumuladas, pero los prestadores lo calificaron de insuficiente e inviable para la mayoría. Según representantes del sector, la adhesión fue mínima y quienes se inscribieron no pudieron cumplir con más de dos o tres cuotas, evidenciando un fuerte desfasaje en el financiamiento.
