El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) decidió dar de baja automática a más de 600 servicios que venía prestando, como parte de una reconfiguración interna destinada a optimizar el uso de recursos públicos y concentrar su actividad en funciones prioritarias.
La medida fue formalizada mediante una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial. Según el texto, no generará mayores erogaciones y responde a la necesidad de ajustar la oferta tecnológica del organismo a criterios de eficiencia y simplificación administrativa.
El recorte se apoyó en un diagnóstico elaborado por la Gerencia Operativa de Servicios Industriales y la Dirección Operativa del INTI, que detectaron baja demanda y superposición con servicios provistos por el sector privado en una parte significativa de las prestaciones.
Un informe de la Dirección de Planeamiento y Comercialización concluyó que mantener esos servicios implicaba un uso ineficiente de fondos estatales y podía generar distorsiones competitivas, al desplazar o desalentar la participación del sector privado.
La iniciativa se inscribe en los lineamientos del Decreto 891/2017, que impulsa la desburocratización y la mejora regulatoria. El INTI mantendrá sus funciones de desarrollo tecnológico, asistencia y transferencia, enfocándose en actividades estratégicas o donde su intervención sea insustituible.
Desde la publicación de la resolución, los servicios incluidos en el Anexo I dejaron de prestarse de manera inmediata. No obstante, el organismo aseguró una transición ordenada: se respetarán los convenios y contratos vigentes hasta su finalización para garantizar continuidad a los usuarios.
La Dirección Operativa deberá implementar un plan integral para finalizar los servicios, organizar la documentación técnica, comunicar oportunamente a los usuarios y preservar las capacidades críticas dentro del instituto.
Según el Consejo Directivo del INTI, la disposición no constituye un achicamiento del organismo sino una redistribución de funciones hacia áreas donde la presencia estatal es necesaria, tras verificar que parte de las prestaciones carecían de demanda real o ya eran atendidas por el mercado.
En el proceso participaron la Gerencia Operativa de Asuntos Legales y la Dirección Administrativa, que no objetaron la readecuación de la oferta de servicios.
