Cuando un país renueva su liderazgo surge una pregunta clave: qué tipo de nación se desea construir en los próximos años. Ese instante exige revisar con honestidad los compromisos asumidos y los que se han venido postergando.
El Perú es uno de los países megadiversos del mundo: junto a unas veinte naciones concentra cerca del 70% de la diversidad biológica global, cuenta con un mar muy productivo en el Pacífico y posee una Amazonía que influye en el clima continental. Sin embargo, esa riqueza convive con alta fragilidad: el país es de los más vulnerables al cambio climático y sus glaciares han retrocedido alrededor del 40% en las últimas décadas. Esa tensión entre abundancia y riesgo define gran parte del desafío del próximo quinquenio.
La sostenibilidad ambiental no es una cuestión exclusiva de activistas o de foros internacionales; es una condición para el crecimiento económico. Sectores como la agricultura, la pesca, el turismo y la agroexportación dependen de ecosistemas sanos, agua limpia y un clima estable. Tratar el tema como secundario acarrea costos concretos y crecientes para el país.
En ese marco, resulta llamativo que un análisis reciente de los 36 planes de gobierno presentados ante el JNE, evaluados según los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Política Nacional del Ambiente al 2030 por la Clínica de Litigación Ambiental Científica, muestre un promedio de alineamiento ambiental de apenas 2,30 sobre 10. Ese resultado pone en evidencia vacíos críticos y las áreas donde el próximo gobierno puede incidir con mayor impacto.
Del estudio emergen tres brechas principales. La gobernanza ambiental es fundamental: sin una rectoría clara, participación ciudadana efectiva y mecanismos de fiscalización, los compromisos ambientales no perduran más allá de cambios de gestión. Además, los planes tienden a priorizar la remediación de daños por sobre la prevención, descuidando herramientas clave como el fortalecimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental.
La mitigación del cambio climático dejó de ser solo una aspiración y constituye una obligación legal del Estado, reforzada por la Opinión Consultiva 32-2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce la emergencia climática como asunto de derechos fundamentales. Avanzar en la reducción de emisiones es una tarea urgente e inaplazable.
La bioeconomía completa este triángulo estratégico. El Perú posee un patrimonio genético y de biodiversidad entre los más ricos del planeta, un recurso cada vez más valorado en los mercados globales. No contar con marcos de bioseguridad ni una hoja de ruta para el desarrollo biotecnológico implica perder soberanía sobre recursos propios y dejar escapar ventajas competitivas que otros países ya explotan.
Abordar estas tres áreas no exige partir de cero. Existe consenso en la lucha contra la deforestación y la contaminación, propuestas concretas en energías renovables y una ciudadanía más informada y exigente. El desafío es profundizar lo iniciado con coherencia y visión de largo plazo, y dotar a las políticas de la arquitectura institucional necesaria para su sustentabilidad.
El gobierno entrante tiene una oportunidad concreta: demostrar que desarrollo económico y sostenibilidad ambiental son compatibles y parte del mismo proyecto de país. Los recursos naturales del Perú no son solo un legado del pasado, sino la base del futuro. Administrarlos con inteligencia es, probablemente, la decisión estratégica más importante que puede tomar quien dirige esta nación.
