El Gobierno de Córdoba resolvió que los costos de los operativos de seguridad generados por amenazas falsas en escuelas deberán ser asumidos por los responsables. La medida apunta a frenar una problemática en crecimiento que ya dejó decenas de estudiantes involucrados en causas judiciales.La decisión fue oficializada por el Ministerio de Seguridad provincial, a cargo de Juan Pablo Quinteros, mediante la implementación del Protocolo de Recupero y Resarcimiento. A partir de ahora, cuando se confirme una falsa alerta —como amenazas de tiroteos o intimidaciones—, el Estado podrá reclamar a los padres o tutores el dinero utilizado en cada intervención.Según datos judiciales, la situación genera preocupación: hay múltiples denuncias en curso y varios adolescentes imputados en el fuero penal juvenil, además de menores no punibles por su edad. Las autoridades remarcan que estos episodios no son menores, ya que obligan a desplegar amplios operativos con participación de policías, brigadas especiales, bomberos y equipos de investigación.Cómo funcionará el nuevo sistemaEl mecanismo prevé que, una vez identificados los responsables, la Justicia informe al Estado provincial para que se calcule el costo total del operativo. Ese monto incluirá recursos humanos, móviles, tecnología y tiempo de trabajo. Luego, se intimará el pago a los adultos responsables y, en caso de incumplimiento, se avanzará por la vía judicial.Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es claro: evitar que este tipo de situaciones sigan afectando tanto a la comunidad educativa como a los recursos públicos. “Cada falsa amenaza implica un gasto importante que hoy termina pagando toda la sociedad”, señalaron.Un problema en aumentoLa medida surge en medio de una seguidilla de amenazas que alteraron el funcionamiento de escuelas en la provincia, generando evacuaciones, suspensión de clases y temor entre alumnos, docentes y familias.El fenómeno, además, no es aislado. Se vincula con un contexto más amplio que se intensificó tras un tiroteo ocurrido semanas atrás en San Cristóbal, donde un estudiante asesinó a un compañero. A partir de ese hecho, comenzaron a circular en redes sociales contenidos violentos y desafíos que incentivaban a replicar amenazas en ámbitos escolares.Especialistas advierten sobre un posible “efecto contagio”, impulsado por plataformas digitales donde se viralizan este tipo de conductas. Por eso, las autoridades insisten en la necesidad de un abordaje integral que incluya a la Justicia, el sistema educativo y las familias.Prevención y responsabilidadEl nuevo protocolo busca no solo sancionar, sino también desalentar la repetición de estos hechos. En ese sentido, el Ministerio de Seguridad remarcó la importancia del acompañamiento familiar y del control del uso de redes sociales por parte de adolescentes.Además, en las últimas horas se registraron nuevas pintadas con amenazas en escuelas de la capital provincial, lo que refuerza la preocupación oficial.Con esta medida, Córdoba intenta enviar una señal contundente: las falsas amenazas tendrán consecuencias no solo penales, sino también económicas, en un intento por poner freno a una problemática que impacta de lleno en la vida escolar y en los recursos del Estado.
Córdoba cobrará a familias por operativos ante falsas amenazas en escuelas
