Desde el 27 de abril, en el tribunal federal de Oakland —una de las sedes judiciales más relevantes de California— se desarrolla un juicio inédito que enfrenta a Elon Musk, OpenAI, su director ejecutivo Sam Altman, Microsoft y una demanda por USD 134.000 millones.
Musk, actualmente la persona más rica del mundo según diversas métricas, reclama a OpenAI USD 134.000 millones en concepto de indemnización, solicita la destitución de Altman y del presidente Greg Brockman, y pide que las ganancias de la organización se destinen a su brazo filantrópico.
Microsoft, como principal socio comercial de OpenAI, también está involucrada en el caso, que tiene implicaciones tanto éticas como financieras para el desarrollo de la inteligencia artificial.
En esencia, la disputa es personal entre figuras de Silicon Valley: Musk acusa a Altman de haberlo engañado para que financiara un proyecto presentado como sin ánimo de lucro y de código abierto, que luego habría virado hacia intereses comerciales. Altman rechaza las acusaciones y defiende la legitimidad del cambio institucional.
La controversia se formalizó con una demanda presentada por Musk en 2024, registrada en el expediente federal 4:24-cv-04722-YGR ante el Tribunal del Distrito Norte de California, donde reclama hasta USD 134.000 millones por supuestas ganancias ilícitas y enriquecimiento injusto.
Según documentos judiciales, Musk aportó aproximadamente USD 38 millones entre 2015 y 2018 —alrededor del 60% de la financiación inicial— y, además de la compensación económica, solicita la remoción de Altman y Brockman y la reversión de la estructura comercial para que los beneficios vuelvan a destinarse íntegramente a la entidad filantrópica original.
Corresponderá al jurado decidir si OpenAI y Microsoft incumplieron los compromisos fundacionales al transformar la organización en una compañía de beneficio limitado tras la salida de Musk y la asociación con Microsoft en 2019.
La estrategia de las partes ante el tribunal
En la audiencia de apertura, Steven Molo, abogado principal de Musk, acusó a OpenAI de traicionar su misión benéfica al convertirse en una empresa con fines de lucro, calificando ese giro institucional como un “robo” de la organización original y subrayando que no debería permitirse apropiarse de una organización benéfica.
William Savitt, asesor principal de OpenAI, sostuvo que la entidad sin fines de lucro sigue supervisando la filial comercial y que trabaja para redistribuir “los miles de millones de dólares” generados por la actividad lucrativa. Afirmó además que la fundación continúa impulsando iniciativas sociales, como investigaciones médicas y programas de inclusión económica.
La defensa de OpenAI sostiene que la transformación hacia una estructura con límite de beneficios fue pública y transparente, y que Musk, pese a haber propuesto en su momento la creación de una filial con fines de lucro bajo control de la matriz filantrópica, se retiró antes de que esos cambios se formalizaran en 2019.
Russell Cohen, asesor jurídico principal de Microsoft, declaró que su empresa no tuvo conocimiento previo de las crisis internas de OpenAI —como el despido de Altman en 2023— ni participó en las decisiones estructurales anteriores. En su defensa también resaltó que el acuerdo estratégico de 2019 por USD 1.000 millones con OpenAI fue público y que, según él, Musk no presentó objeciones formales en ese momento.
El núcleo del juicio y el impacto en la industria de la IA
El juicio trasciende el conflicto personal y podría influir en el rumbo de la carrera global por la inteligencia artificial. Musk solicita medidas y compensaciones que, de prosperar, podrían paralizar a OpenAI y poner en riesgo miles de millones de dólares en inversiones y operaciones.
Si OpenAI prevalece, Altman y su equipo tendrían mayor libertad para continuar con el modelo de “beneficio limitado” y consolidar su enfoque comercial dentro del sector.
El debate central del proceso es la naturaleza fundacional de OpenAI y la legitimidad de su transformación institucional: por un lado, los abogados de Musk afirman que la entidad traicionó su misión original al priorizar el lucro privado y la comercialización de desarrollos como GPT-3 y ChatGPT; por otro, la defensa sostiene que la estructura sin fines de lucro permanece vigente y mantiene el control sobre los objetivos sociales.
La jueza Yvonne Gonzalez Rogers limitó por ahora el alcance del litigio al desestimar las acusaciones antimonopolio presentadas por Musk contra OpenAI y Microsoft, aunque dejó abierta la posibilidad de que se examinen otros reclamos en etapas posteriores. Durante la selección del jurado se evitó incluir a personas muy familiarizadas con la actualidad tecnológica de Silicon Valley, dada la complejidad del asunto y el perfil público de los protagonistas.
Antecedentes y perspectivas
OpenAI se fundó en 2015 con la misión declarada de desarrollar inteligencia artificial avanzada en beneficio de toda la humanidad. Musk, Altman, Brockman y otros inversores aportaron capital y liderazgo en los primeros años, con Musk contribuyendo aproximadamente USD 38 millones.
La relación entre Musk y Altman se tensó desde 2017 por desacuerdos estratégicos, y Musk abandonó la junta directiva en 2018. En 2019, OpenAI adoptó la estructura de “beneficio limitado” que permite recibir capital privado, un cambio que profundizó las diferencias entre los fundadores y que ahora está en el centro del litigio.
