Tras asegurar el quórum y las firmas necesarias, el oficialismo logró este miércoles un dictamen de mayoría sobre la ley que protege la propiedad privada. El texto original sufrió varias modificaciones reclamadas por aliados y libertarios, y desde ese espacio anunciaron que intentarán llevar el proyecto al recinto del Senado en las próximas semanas.
La previa fue tensa: al advertir que no había números suficientes para iniciar la reunión, el kirchnerismo se retiró del salón Arturo Illia, dejando a La Libertad Avanza en evidencia durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
En ese contexto, la líder mileista Patricia Bullrich (Capital Federal) se ausentó momentáneamente para buscar al radical Flavio Fama (Catamarca) y regresó con él. Otro legislador que llegó ajustado, pero cumplió con su presencia, fue el karinista Juan Carlos Pagotto.
La presidenta de la comisión de Legislación General, la libertaria Nadia Márquez (Neuquén), tuvo que dirigir el plenario, aunque esa función correspondía al titular de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto. Fuentes del Senado informaron que Coto estaba de viaje en el exterior, lo que casi complica la actividad prevista para la jornada.
Cambios
Las modificaciones avaladas por La Libertad Avanza, comentadas por la propia Bullrich, coinciden con lo adelantado por este medio. Entre las principales se encuentra la eliminación del capítulo sobre el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) —un revés para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger—; se habilita a los gobernadores a fijar por cuenta propia el límite de venta de tierras a extranjeros; y se moderan las previsiones originales sobre desalojos exprés.
En materia de expropiaciones, se incorporó un tope al lucro cesante del 30 % salvo que el afectado demuestre lo contrario —antes no había porcentaje—. También se revisó la tasa de interés, que quedará como IPC más la tasa del Banco Nación a 30 días, y se fijó que el valor del bien se determinará en la fecha anterior a cualquier acto vinculado con la expropiación.
Respecto de los desalojos, se mantuvo la distinción entre locatarios y usurpadores. Bullrich explicó que, en casos de falta de pago en contratos habitacionales, las condiciones acordadas por las partes se conservarán y que, ante una intimación por deuda, el locador deberá otorgar un plazo de diez días.
Sobre tierras rurales, la iniciativa otorga mayor potestad a los gobernadores provinciales, con la prohibición expresa de ventas a Estados extranjeros. En zonas de frontera habrá intervención del distrito con autorización previa de la Nación. Además, se modificó la normativa que impulsó Máximo Kirchner en la gestión anterior respecto a incendios: se elimina el plazo de 60 años de prohibición de uso o cambio de dominio tras un siniestro en bosques nativos o implantados.
La vice de la comisión de Asuntos Constitucionales, la peronista Florencia López (La Rioja), criticó la rapidez con que se actuó; a su vez, Jorge Capitanich alertó sobre cuestiones vinculadas a expropiaciones y anunció que presentará una propuesta en ese sentido.
Con cierto retraso, la ahora ex kirchnerista Carolina Moisés (Jujuy), que este año recibió la vicepresidencia del Cuerpo y cargos clave como un lugar en la bicameral de inteligencia, propuso reunir las aportaciones de los distintos grupos justicialistas y cristinistas para convocar a otro encuentro la semana próxima.
Moisés dedicó varios minutos a marcar diferencias con el dictamen mayoritario. Señaló, además, que su excolaborador Fernando Salino (San Luis) —aunque rechaza el proyecto— admitió que La Libertad Avanza incorporó planteos que ahora aparecen en el despacho de mayoría, pese a no integrar las comisiones.
Al cierre del plenario, Bullrich admitió que el dictamen podría sufrir nuevas correcciones antes de llegar al recinto. Se barajó una sesión para el jueves 28 de mayo, aunque la senadora porteña señaló que podría postergarse a la semana siguiente, dependiendo de la cantidad de votos disponibles y del regreso de quienes están de viaje.
