La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la pena de seis años de prisión impuesta al exjefe de la Delegación Mendoza de la Policía Federal, Dino Enzo Rossignoli, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.
Además, revocó la absolución de la contadora María José Degregorio y la condenó como coautora de esos mismos delitos.
Ambos integraban una banda internacional que operaba en el mercado cambiario sin la autorización del Banco Central, utilizando como fachada una red de joyerías en la ciudad de Mendoza.
Las operaciones detectadas en los comercios denominados “Stefano Canella”, “Vía Roma” y “Luxe” se financiaban con moneda extranjera obtenida mediante maniobras de contrabando de oro y divisas procedentes de Chile.
Dentro de la organización, Rossignoli cobraba sobornos a cambio de brindar una zona liberada, alertando a sus miembros ante órdenes de allanamiento o inspecciones municipales, lo que les permitía ocultar pruebas antes de la llegada de los agentes.
Como parte del blanqueo de las ganancias, los condenados simularon facturación en las joyerías y adquirieron inmuebles, camiones semirremolque y vehículos de alta gama.
También explotaron bares y locales bailables, como “La Rosa Club” y “Praga”, y con esos fondos de origen ilícito financiaron al menos 15 eventos con artistas de renombre, entre ellos L-Gante y Lit Killah.
Los votos
En relación con la condena de Rossignoli, el juez Gustavo Hornos señaló que el tribunal de juicio tuvo en cuenta que no se trataba de un funcionario público cualquiera, lo que “aumenta el grado de reprochabilidad”.
Sobre el papel de la contadora, Hornos sostuvo que “su aporte a la organización delictiva fue determinante”, al entender que conocía la existencia de la banda y se integró a ella durante años aportando sus conocimientos contables.
El camarista Mariano Borinsky adhirió a rechazar el recurso de casación presentado por la defensa de Rossignoli y coincidió en que María José Degregorio “tenía pleno conocimiento de la actividad ilegal de la organización y adaptó su conducta profesional para facilitar las maniobras de la asociación”.
El juez Carbajo respaldó los argumentos de sus colegas y dispuso que las actuaciones referidas a Degregorio vuelvan al tribunal de origen para que se fije una nueva pena.
La causa
La asociación ilícita se dedicó al contrabando de oro y divisas que negociaban con Chile entre 2020 y 2022, y estuvo encabezada por Nicolás Bazán y Renzo González.
La investigación acreditó que la contadora Degregorio “consolidó la estrategia de blanqueo de fondos ilícitos de la organización”.
Bazán y González habrían llevado a cabo maniobras complejas para disimular los importantes caudales de bienes obtenidos por actividades ilícitas, dándoles apariencia de legitimidad.
Las ganancias se invirtieron en la producción de eventos musicales y en la apertura de negocios —joyerías, bares y locales bailables— mediante facturación apócrifa a nombre de distintas sociedades constituidas al efecto, registrando ventas inexistentes.
Intercepciones telefónicas y otras pruebas mostraron que Rossignoli “era parte estable de la asociación ilícita”.
En uno de los allanamientos a las joyerías se encontró una anotación que decía “U$1000 (PFA)”. En el despacho de Rossignoli se hallaron 2.210 dólares en un sobre sin identificación, además de dos pulseras y tres relojes.
