La Justicia acordó la colaboración de un nuevo arrepentido en la causa que investiga una red de corrupción en los tribunales federales de Rosario. Se trata de Gabriel Mizzau, contador público que trabajó simultáneamente para el entonces juez Marcelo Bailaque y para el jefe narco Esteban Lindor Alvarado.
La vinculación entre el funcionario judicial y el investigado, descubierta hace casi dos años, fue el punto de partida para investigar presuntos manejos ilícitos en los juzgados federales N° 4 —a cargo de Bailaque hasta su renuncia a fines del año pasado— y N° 1, cuyo titular es el juez Gastón Salmain.
Bailaque está detenido con prisión domiciliaria. Salmain, por su parte, fue procesado y sobre él pesa una orden de captura, pero permanece en libertad por la inmunidad de su cargo.
Las imputaciones contra Salmain y Bailaque surgieron también de las declaraciones de otros dos arrepentidos presentes en las distintas causas: el financista Fernando Whpei y Carlos Vaudagna, exdirector regional del ARCA en Santa Fe, quienes aportaron pruebas sobre delitos cometidos en presunta connivencia con los magistrados.
La confesión de Mizzau como tercer colaborador se dio en una audiencia en la Cámara Federal de Rosario, pocas horas antes de que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura votara si eleva a juicio político al juez federal Gastón Salmain.
Salmain se defendió la semana anterior. Está investigado por su actuación en la causa Attila —por presuntas firmas de fallos a cambio de coimas— y por haber omitido en un concurso judicial que, en 2002, fue separado del Poder Judicial tras ofrecer una coima para manipular un sorteo en la jurisdicción de la Seguridad Social.
La resolución sobre Salmain depende de la Comisión de Acusación, presidida por Alberto Maques e integrada por Álvaro González, Gonzalo Roca, César Grau, Luis Juez, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade. Si aprueban un dictamen acusatorio, el expediente se remitirá al Plenario del Consejo.
La confesión del contador
La audiencia, presidida por el camarista Aníbal Pineda, tenía como objetivo definir si Bailaque debía ser enviado a juicio oral. Sin embargo, el fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, anunció un acuerdo de colaboración con Mizzau, aprobado por el juez federal de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz. En virtud del pacto, el contador admitió hechos, obtuvo una reducción de su eventual pena y aportó nuevos elementos a la investigación.
Según fuentes judiciales, Mizzau detalló ante los fiscales el patrimonio de Bailaque y su vínculo directo con el narcotráfico, y confesó que lavó dinero para empresas del clan Alvarado. Indicó además que la relación con el magistrado data de la escuela y que, por esa confianza, Bailaque lo habría presentado a Alvarado para que manejara sus números.
El escándalo se hizo público a mediados de 2024, cuando se comprobó que el hijo del contador de Alvarado trabajaba en el juzgado de Bailaque mientras el magistrado tenía causas abiertas contra ese jefe del crimen organizado. Más adelante se determinó que el contador prestaba servicios tanto para el narco como para el juez; en 2019 ya se habían formulado denuncias contra Bailaque por obstruir la investigación contra Alvarado.
En su declaración, Mizzau admitió haber brindado asesoramiento contable entre 2014 y 2018 a las empresas Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL, vinculadas al clan Alvarado, con el objetivo de blanquear dinero proveniente de la venta de drogas, y reconoció haber manipulado estados financieros para ocultar esas operaciones.
Tras el acuerdo, el Ministerio Público Fiscal solicitaría una pena de tres años de prisión condicional para Mizzau.
Bailaque, cada vez más comprometido, afronta cargos por prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, allanamiento ilegal, falsedad ideológica, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos, en el marco de una presunta “corrupción estructural” en el Poder Judicial.
No participó por Zoom en la audiencia en la que debía resolverse su elevación a juicio. Los fiscales anticiparon que pedirán una pena de diez años de prisión.
Ante la presión de las denuncias y la posibilidad de ser destituido, Bailaque presentó su renuncia el año pasado —aceptada por el presidente Javier Milei— con la intención de cobrar una jubilación especial; al perder los fueros, quedó en prisión preventiva.
