La Amazonia continental -ese extenso territorio que abarca nueve paises y concentra la mayor biodiversidad del mundo- enfrenta hoy un conflicto poco presente en el debate publico: una confrontacion silenciosa entre los ecosistemas que sostienen la vida y estructuras criminales que actuan con rapidez y organizacion. No se trata de un choque entre Estados ni de una disputa ideologica, sino de un conflicto directo entre la biodiversidad y el crimen organizado, que se desarrolla sobre todo en zonas donde el Estado tiene poca o ninguna presencia.
La destruccion actual no se explica unicamente por actividades extractivas legales. Lo que acelera la perdida de bosques y la degradacion ecologica son economias ilicitas estructuradas como sectores economicos: mineria ilegal, narco-deforestacion, trafico de especies y trafico de tierras. Estas actividades forman industrias criminales con financiamiento, logistica, maquinaria y redes de distribucion, que prosperan donde la institucionalidad es debil.
El punto central es la fragilidad institucional: los vacios de gobernanza permiten que las economias ilegales se consoliden y, una vez instaladas, rentabilizan la extraccion y la depredacion sin limites ni consecuencias. Es la ausencia de control estatal la que facilita el orden del crimen organizado, y ese orden erosiona la base ecologica que sostienen millones de personas y diversas economias nacionales.
Las cifras muestran la magnitud del problema. En algunas areas de la Amazonia brasilena, la narco-deforestacion explica hasta el 80% de la perdida forestal. La mineria ilegal provoca niveles de contaminacion por mercurio que, en ciertas comunidades indigenas, alcanzan porcentajes alarmantes y afectan la salud, la alimentacion y la autonomia local. El trafico de fauna se posiciona ya como la cuarta economia ilegal mas grande del mundo. Todo esto ocurre en territorios con escasa presencia estatal, donde la impunidad se convierte en una ventaja competitiva para redes criminales.
El impacto trasciende lo etico o ambiental y tiene consecuencias economicas directas. La degradacion de la biodiversidad no solo extingue especies y bosques: deteriora la pesca, el acceso a agua potable, la productividad del suelo, la seguridad territorial y las oportunidades de desarrollo. Comunidades enteras pierden sus medios de vida; los Estados ven reducidas sus capacidades fiscales y de control; y las empresas enfrentan mayores riesgos, costos e incertidumbre. La erosion ecologica y la economica avanzan de la mano, y el colapso de un ecosistema reduce tambien las posibilidades de desarrollo para quienes dependen de el.
La Amazonia no es un recurso distante: es un activo economico que sustenta a la region. Solo en servicios ecosistemicos y beneficios economicos aporta alrededor de US$317 mil millones anuales. Su degradacion constituye un riesgo sistemico que ya impacta a paises, industrias y mercados. Ademas, America Latina y el Caribe albergan el 40% de la biodiversidad global, un capital estrategico cuya perdida tendria efectos economicos profundos. Mas de la mitad del PIB mundial depende de servicios ecosistemicos -agua, polinizacion, regulacion hidrica, fertilidad de suelos, recursos pesqueros y estabilidad territorial- y su colapso implica perdida de seguridad alimentaria, productividad, empleo, inversion y gobernabilidad.
En este contexto, la comunidad internacional comienza a reaccionar. En el reciente Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, en Abu Dhabi, se aprobo la Mocion 061 para “Reconocer el crimen de ecocidio para proteger la naturaleza”, un hecho historico que reunio a Estados y organizaciones civiles en torno a esta figura. La resolucion plantea estudiar como aplicar el concepto de ecocidio, desde la persecucion penal hasta mecanismos de reparacion y restauracion. Mas de una docena de paises ya han adoptado o estan elaborando leyes en este sentido, y existe un impulso para reconocer el ecocidio como delito internacional en el Estatuto de Roma.
Proteger los ecosistemas de la region implica reconocer que la principal amenaza es el crimen organizado y que la respuesta no puede limitarse a la conservacion. Se requieren politicas de gobernanza, vigilancia, justicia, inteligencia financiera y fortalecimiento de capacidades estatales para enfrentar redes que operan con rapidez y precision. La seguridad ambiental, la seguridad economica y la seguridad humana son dimensiones interrelacionadas de una misma agenda.
Sin territorios seguros, la biodiversidad se pierde. Y sin biodiversidad, las bases economicas se desploman.
