La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió, al presentar su informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, sobre un marcado deterioro institucional en el país, caracterizado por la cooptación del sistema de justicia y el uso generalizado de mecanismos de criminalización contra voces críticas.
La comisionada Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Guatemala, señaló que el informe sitúa el “debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial” como el eje central del análisis, y afirmó que Guatemala enfrenta “serias amenazas a la gobernabilidad y al Estado democrático de derecho”.
Pochak atribuyó estas amenazas al control de ciertas instituciones estatales por parte de redes de poder político y económico organizadas para preservar intereses privados y asegurar condiciones de impunidad.
El documento de la CIDH identifica un “grave deterioro del sistema de justicia”, que no solo incumple su función de tutela judicial efectiva, sino que además se utiliza para penalizar a quienes demandan acceso a derechos o piden rendición de cuentas, explicó la relatora.
Expansión de la criminalización y uso selectivo del sistema penal
Según el informe, la estrategia de criminalización comenzó dirigida a operadores de justicia y a exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero después se amplió a un amplio sector social: comunidades indígenas, campesinos, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso autoridades estatales. La CIDH concluye que la criminalización se ha establecido como una práctica generalizada.
Pochak subrayó que el Ministerio Público (MP) ha sido cooptado y desmantelado para operar como un instrumento de persecución selectiva, y puso como ejemplo el uso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) para proteger el statu quo y perseguir a quienes lo cuestionan.
Entre los hallazgos, la CIDH también detectó connivencia entre los poderes Legislativo y Judicial, un empeoramiento de la impunidad y obstáculos a los procesos de justicia transicional relacionados con el conflicto armado interno.
El informe aborda además los persistentes desafíos en materia de pobreza y desigualdad, con especial énfasis en las condiciones adversas que enfrentan los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos territoriales, situación que ha derivado en desalojos forzosos y criminalización.
Recomendaciones urgentes
Ante este panorama, la Comisión presentó 43 recomendaciones al Estado de Guatemala. Entre ellas figura la necesidad de impulsar reformas estructurales para garantizar la independencia judicial, poner fin al uso indebido del sistema penal y revisar a fondo el funcionamiento del Ministerio Público.
“Para la Comisión Interamericana es urgente restablecer la institucionalidad derivada de los acuerdos de paz”, enfatizó Pochak.
El informe se elaboró mediante una metodología rigurosa que incluyó una visita in situ, el análisis de audiencias públicas y más de 48 reuniones con representantes de los tres poderes del Estado y de la sociedad civil.
(Con información de EFE)
