La regulación del sector cripto dejó de ser una respuesta puntual a crisis y se convirtió en una prioridad en la agenda económica de los Estados. Esa es la conclusión central del Global Crypto Policy Review & Outlook 2025/26 de TRM Labs, que examinó la evolución normativa en 30 jurisdicciones que concentran más del 70% de la exposición global a activos digitales. El informe identifica un cambio estructural: los gobiernos ya no actúan solo tras episodios de inestabilidad, sino que diseñan marcos para integrar los activos digitales en sus sistemas financieros.
El desarrollo más evidente afectó a las stablecoins, que se consolidaron como nueva infraestructura de pagos y liquidez. Más del 70% de los países analizados creó marcos regulatorios para estos instrumentos. El volumen global de operaciones superó los 15 billones de dólares en 2025, según estimaciones de mercado, con uso extendido en remesas, liquidaciones y servicios financieros institucionales.
Esta expansión explica la respuesta coordinada de los grandes bloques económicos: las stablecoins dejaron de ser experimentos de nicho y pasaron a considerarse infraestructura crítica, lo que motivó marcos regulatorios de alcance inédito.
Estados Unidos lidera el giro normativo
Washington protagonizó uno de los cambios más relevantes del año. Con la aprobación del GENIUS Act, el Congreso estableció la primera ley federal sobre stablecoins, introduciendo un régimen de supervisión que incluye requisitos de reservas, auditorías y límites operativos.
Al mismo tiempo, la SEC lanzó Project Crypto para modernizar la regulación de valores digitales y la CFTC inició un proceso de armonización normativa. Por primera vez, los organismos federales avanzaron en una hoja de ruta común destinada a ofrecer previsibilidad a emisores, entidades financieras y plataformas de negociación.
En la Unión Europea, el segundo año de implementación de MiCA consolidó el mayor esfuerzo global de armonización del mercado cripto. Los reguladores comenzaron a otorgar licencias bajo el nuevo régimen, aunque TRM Labs documenta diferencias notables entre países como Alemania, Francia, Austria y Países Bajos en ritmo y alcance de supervisión.
A MiCA se sumó DORA, la normativa de resiliencia operativa digital que obliga a entidades financieras, incluidas las vinculadas al cripto, a elevar sus estándares de ciberseguridad y gestión de incidentes. Frente a la competencia de stablecoins en dólares, el proyecto de euro digital permanece en fase de evaluación sin decisiones definitivas sobre su diseño.
Asia define el estándar del futuro
Asia mostró la mayor diversidad regulatoria y se consolidó como región estratégica en la arquitectura global del sector. Según Angela Ang, directora de Políticas y Alianzas Estratégicas para APAC en TRM Labs, la zona está marcando la forma de una regulación cripto orientada al futuro, abarcando desde la tokenización hasta stablecoins y sistemas de pago de nueva generación.
Las iniciativas avanzan en distintas direcciones: Japón evalúa trasladar la supervisión cripto al marco de la Financial Instruments and Exchange Act, lo que implicaría considerar muchos tokens como valores; Corea puso en marcha un piloto para operaciones institucionales y avanza en una ley específica de stablecoins; Hong Kong aceleró la concesión de licencias, flexibilizó criterios de custodia y amplió actividades permitidas a proveedores regulados; y Singapur endureció reglas para prestadores que operan desde su territorio hacia el exterior, manteniendo requisitos prudenciales claros para stablecoins.
TRM Labs destaca que, en Japón, Corea, Singapur y Hong Kong, el debate pasó de la legitimidad del instrumento a su integración en infraestructuras de pagos y sistemas bancarios. Esa claridad regulatoria está impulsando la adopción institucional en la región.
En Medio Oriente, los Emiratos Árabes Unidos completaron la regulación de stablecoins denominadas en dírham y definieron condiciones para productos tokenizados; Dubái y Abu Dabi sincronizaron criterios para operadores virtuales y aumentaron sanciones por actividad no autorizada, lo que refleja una transición hacia una supervisión madura con vocación internacional.
En América Latina, Brasil implementó un régimen de autorización para proveedores de servicios de activos virtuales que exige requisitos de capital, transparencia y controles antilavado e incorpora operaciones con stablecoins en la supervisión de cambios y pagos transfronterizos. Argentina elevó exigencias para el registro de proveedores y lanzó un marco experimental para activos tokenizados. México mantuvo una postura cautelosa, aunque promovió reformas en la ley antilavado en su rol como presidente del Grupo de Acción Financiera (FATF).
Los riesgos persisten fuera del perímetro regulado
El avance normativo responde también a amenazas continuas. TRM Labs atribuye las mayores tasas de actividad ilícita a segmentos fuera del perímetro regulado: brokers extrabursátiles no autorizados, puentes entre cadenas y ciertas plataformas descentralizadas sin controles operativos ni auditorías. El hackeo vinculado a Corea del Norte contra la plataforma Bybit mostró esta vulnerabilidad, con pérdidas superiores a 1.500 millones de dólares en tokens Ethereum. Según FATF, mientras existan jurisdicciones con marcos débiles o inexistentes, persistirá el riesgo de arbitraje regulatorio.
El sistema financiero tradicional también reconfiguró su posición: el Comité de Basilea anunció una revisión acelerada de su marco prudencial para exposiciones bancarias a criptoactivos, tras el rechazo de Estados Unidos y el Reino Unido a aplicar estándares que exigían deducciones de capital del 100% para la mayoría de activos digitales.
TRM Labs señala que esta revisión podría facilitar la entrada de bancos globales en mercados de stablecoins y activos tokenizados, si se adoptan criterios diferenciados basados en riesgo operativo, gobernanza y solidez del emisor.
Los organismos multilaterales reforzaron sus advertencias: FATF insistió en la necesidad de una implementación más homogénea de las normas antilavado y añadió a 67 jurisdicciones a su lista de relevancia material en cripto. El Consejo de Estabilidad Financiera advirtió que la fragmentación regulatoria sigue siendo un riesgo para la estabilidad, y la Organización Internacional de Comisiones de Valores reconoció avances en custodia y gobernanza, aunque señaló que es prematuro evaluar la efectividad de los nuevos regímenes.
De la norma a la ejecución
El crecimiento del sector acompaña este cambio: estimaciones sitúan el valor de mercado global de los criptoactivos por encima de los cuatro billones de dólares en 2025, un máximo histórico. Encuestas a inversores institucionales indican que más de la mitad planea aumentar su exposición a activos digitales en los próximos años, siempre que existan reglas estables y supervisión clara.
El próximo periodo estará marcado por la implementación práctica: Estados Unidos deberá desarrollar la regulación secundaria del GENIUS Act en 2026; Europa afrontará la prueba operativa de la supervisión bajo MiCA; y Asia profundizará sus programas piloto.
TRM Labs prevé que la competencia entre jurisdicciones ya no buscará atraer operadores con normas laxas, sino ofrecer marcos sofisticados que integren innovación, estabilidad financiera y controles efectivos. En esa transición, la regulación del cripto deja de ser reactiva y pasa a ocupar un lugar central en la política económica de las principales economías.
