La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, impugnaron este jueves la decisión del Tribunal Oral Federal 2 de avanzar con la ejecución de veinte inmuebles para hacer efectivo el decomiso dispuesto en la causa Vialidad, por un total de 684.990.350.139,86 pesos.
El 18 de noviembre, el juez Jorge Gorini ordenó iniciar la ejecución de los bienes de los nueve condenados de forma solidaria hasta cubrir exactamente esa suma. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, los bienes serán remitidos a la Corte Suprema de Justicia como parte del procedimiento para concretar el decomiso.
En su apelación, Cristina Fernández calificó la medida como una “nueva expresión del derecho creativo” que, sostuvo, se utilizó para perseguirla y ahora alcanza también a sus hijos. La defensa afirmó que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner tienen un origen lícito, acreditado en sentencias firmes, y que fueron recibidos legalmente de sus progenitores.
Los abogados de la ex mandataria alegaron que esas circunstancias impiden considerar los bienes como instrumento, producto o provecho del delito por el que se los condenó, y cuestionaron que el tribunal haya dispuesto el desapoderamiento de los hijos en contra de criterios propios recientemente expresados.
Máximo y Florencia Kirchner, por su parte, impugnaron la ejecución sobre los 19 bienes cedidos por su madre, advirtiendo que implicaría el desapoderamiento definitivo de bienes adquiridos legítimamente. Solicitaron la suspensión de las tasaciones, de las inscripciones registrales y de cualquier acto que pretenda poner los activos bajo la administración de la Corte Suprema u otra entidad.
