Tras la modificación en la cúpula de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el Gobierno aprobó una nueva Política de Inteligencia Nacional. Las autoridades indicaron que estas directrices buscan posicionar al país en el ámbito internacional y proteger la soberanía y los recursos estratégicos.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 864/2025 publicado en el Boletín Oficial, que incorpora como ANEXO I (IF-2025-134204819-APN-SIDE) la denominada “Política de Inteligencia Nacional”.
Asimismo, la normativa habilita a la SIDE para diseñar una “Estrategia de Inteligencia Nacional” que deberá ajustarse a los principios y objetivos definidos en la nueva política.
El propio organismo anticipó la actualización a través de un comunicado en redes sociales, señalando que se trata de la primera renovación en esa materia en dos décadas.
Desde la Secretaría de Inteligencia de Estado explicaron que estas disposiciones orientarán las acciones del Sistema de Inteligencia Nacional, bajo la dirección de la SIDE, con el propósito de consolidar un Estado moderno, seguro, soberano y fundado en los valores de la libertad.
Entre los objetivos estratégicos se destacan el fortalecimiento de la posición internacional de la Argentina y la preservación de su soberanía y autonomía estratégica.
La política prevé identificar actores y alianzas que favorezcan la proyección internacional del país, así como detectar factores externos que puedan perjudicar el crecimiento económico, el desarrollo científico-tecnológico y la independencia en la toma de decisiones.
En ese marco, se contemplan acciones de monitoreo contra la desinformación disruptiva que pudiera erosionar la cohesión institucional y la legitimidad del Estado nacional.
Además, se prioriza la protección de recursos estratégicos e infraestructuras esenciales, y la prevención y respuesta ante amenazas en el ciberespacio que afecten intereses de seguridad nacional. Se reforzará la protección de información sensible para preservar la evolución de los sectores económicos y de seguridad.
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Los otros dos ejes principales son garantizar la vigencia del sistema democrático, republicano y federal, y la preservación de los recursos estratégicos. En lo relativo a la democracia, la política propone reforzar la protección de procesos electorales, legislativos y de gobernanza territorial frente a operaciones de influencia, financiamiento encubierto y manipulación informativa.
También se apunta a robustecer la trazabilidad de decisiones críticas y la transparencia operativa como mecanismos de defensa contra la opacidad, la cooptación o la deslegitimación institucional, y a identificar patrones que puedan provocar erosión institucional.
En materia de recursos estratégicos, se plantea identificar riesgos de apropiación, explotación o transferencia no autorizada de recursos naturales, tecnológicos, informativos y científicos.
Para ello se implementarán medidas que integren capacidades de protección ambiental, energética y tecnológica, con el fin de garantizar la sostenibilidad operativa y la soberanía sobre insumos esenciales para el desarrollo nacional.
Por último, la política establece como prioridades la prevención y el combate del terrorismo y del crimen organizado en todas sus formas, así como la neutralización de actividades de inteligencia externas que puedan afectar intereses nacionales. Estos lineamientos orientarán el accionar del Sistema de Inteligencia Nacional para fortalecer la seguridad y la autonomía del país.
