Buenos Aires, 5 de diciembre — El Gobierno está elaborando un proyecto de Ley de Reforma Laboral que busca modificar de forma integral la Ley de Contrato de Trabajo y normas complementarias, con el objetivo de reducir la litigiosidad, fomentar el empleo formal y adaptar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos.
El borrador contempla la creación de un Régimen de Promoción del Empleo Registrado para que los empleadores puedan regularizar relaciones laborales no registradas o registradas de forma deficiente. Entre los beneficios previstos figuran la condonación de deudas previsionales, multas e intereses y la baja en el REPSAL, siempre que la empresa regularice a la totalidad del personal afectado.
En materia de registración, la propuesta centraliza los trámites en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y suprime el capítulo de multas por trabajo no registrado. No obstante, mantiene la presunción a favor del trabajador cuando exista falta de registración en un conflicto judicial.
Uno de los ejes centrales es la reforma del régimen indemnizatorio: se redefine la base de cálculo, se establecen topes equivalentes a tres veces el salario promedio del convenio aplicable y un piso del 67% del salario normal y habitual. Además, se habilita a los convenios colectivos a sustituir la indemnización por un fondo de cese laboral financiado por los empleadores.
El texto introduce modificaciones en el artículo 212, relativo a enfermedades y accidentes laborales, ajusta los criterios para la reincorporación y establece distintas modalidades de indemnización según el tipo y grado de incapacidad.
Se crea también un régimen especial para los repartidores de plataformas digitales, definidos como “trabajadores independientes”. El borrador impone obligaciones fiscales y de seguridad social, pero reconoce derechos como la posibilidad de rechazar pedidos sin necesidad de justificarlo y el acceso a explicaciones cuando la aplicación aplica bloqueos.
En lo que respecta a procedimientos de crisis y negociación colectiva, la iniciativa busca reforzar la obligación de negociar de buena fe, incorporar sanciones para las partes que obstaculicen el proceso y exigir mayor transparencia en la información que las empresas deben proporcionar a los sindicatos.
Asimismo, propone una nueva fórmula de actualización de créditos laborales basada en el IPC más un 3% anual y establece límites para las causas en trámite, con la intención de evitar indemnizaciones superiores a las que resultarían del nuevo esquema.
El proyecto también analiza incentivos para la contratación de nuevos empleados, incluyendo reducciones temporales en las contribuciones patronales a distintos subsistemas de la seguridad social.
La iniciativa seguirá siendo trabajada por el Poder Ejecutivo antes de definirse la versión final que será remitida al Congreso.
