Un enfrentamiento interno entre una coalición criminal poderosa y un grupo disidente dejó al menos 49 muertos en Puerto Príncipe, Haití, según informaron organizaciones civiles.
Entre las víctimas se contabilizan al menos 10 niños reclutados por las bandas y 19 mujeres que acompañaban a sus parejas heridas en busca de atención médica. La cifra de fallecidos podría aumentar, ya que la violencia continúa y el acceso a la zona está restringido para autoridades y organizaciones humanitarias.
Entre los fallecidos figura Dèdè, uno de los líderes pandilleros más conocidos de Bel-Air, quien fue decapitado durante el enfrentamiento. También resultó herido Kempes Sanon, ex policía y jefe criminal, que fue apartado de la dirección y hospitalizado.
La dirección del grupo pasó a dos individuos identificados como Jamesly y Ti Gason. La organización Krache Dife, aún aliada de Sanon, mantiene vínculos con la coalición Viv Ansanm, señalada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Actualmente, el 90% de los distritos de la capital se encuentra bajo control de bandas armadas.
Esta ola de violencia ocurre después de que en septiembre de 2023 varias pandillas acordaran una tregua bajo la coalición Viv Ansanm, que había reducido temporalmente los enfrentamientos. La ruptura interna reavivó asesinatos, mutilaciones e incendios.
La población civil, en especial los barrios marginales, está atrapada en un entorno de violencia constante. Cientos de personas han sido desplazadas y buscan refugio sin acceso a alimentos ni a bienes esenciales.
Los niños son reclutados y explotados por las bandas para tareas de vigilancia, mensajería o encargos de alto riesgo, mediante amenazas y coerción. Los pocos que logran escapar enfrentan desplazamientos forzados, la exclusión educativa y sanitaria, y en muchos casos carecen de agua potable y alimentos.
Más de la mitad de la población, cerca de 12 millones de personas, enfrenta hambre aguda. Organizaciones de derechos humanos describen a Haití como una crisis humanitaria y de seguridad de extrema gravedad.
El asesinato del expresidente Jovenel Moïse en 2021 dejó al país sin un liderazgo político efectivo, lo que facilitó la expansión de las bandas armadas. El vacío de poder y el comercio de armas ilegales empeoraron la inestabilidad institucional.
La escalada criminal y los ataques armados han paralizado zonas enteras, con agresiones repetidas a estaciones de policía, hospitales e infraestructura vital.
La infancia, y en particular los menores con discapacidad, sufre de manera desproporcionada: enfrentan más obstáculos para escapar, menos posibilidades de recibir asistencia especializada, mayor pérdida de familiares, interrupción educativa y un ambiente permanente de temor.
En medio de los preparativos para el proceso electoral de 2025 y bajo un gobierno de transición, la inseguridad y la violencia persisten. Organizaciones internacionales exigen una intervención urgente para proteger los derechos humanos y atender las necesidades inmediatas de la población.
(Con información de AP)
