El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó una ley que autoriza la expropiación de viviendas consideradas abandonadas en territorios ucranianos ocupados por fuerzas rusas. La norma se aplica a las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson, anexadas por Moscú en 2022 y controladas solo de forma parcial.
La ley establece que los inmuebles residenciales —casas, apartamentos o habitaciones— que muestren “signos de abandono” pasarán a ser propiedad de las autoridades locales prorrusas o de los municipios. En el caso de Donetsk, el artículo 21 dispone que estos bienes serán reconocidos como propiedad de la autoproclamada República Popular de Donetsk o de sus administraciones locales.
La República Popular de Donetsk fue proclamada en 2014 por milicias apoyadas por Rusia tras el inicio del conflicto en el este de Ucrania. Moscú reconoció formalmente a esta entidad en febrero de 2022 y meses después anunció su anexión, junto con otras tres regiones, un proceso que no ha sido reconocido por la comunidad internacional.
Normativas similares ya estaban vigentes o se han adoptado en las otras regiones ocupadas. La nueva ley unifica un marco legal que permite a las autoridades designadas por Rusia intervenir en el parque de viviendas de zonas afectadas por el desplazamiento masivo de población provocado por la guerra.
El texto también contempla la posibilidad de una posterior “reprivatización” de los inmuebles expropiados: las viviendas podrían ser transferidas a ciudadanos que hayan perdido sus hogares como consecuencia de los ataques ucranianos, argumento que Moscú emplea con frecuencia para justificar estas medidas administrativas en los territorios ocupados.
Además, las autoridades locales podrán destinar estas propiedades a uso oficial, incluido el alojamiento de funcionarios civiles que trabajan en las administraciones prorrusas. Esta disposición se enmarca en los esfuerzos del Kremlin por afianzar estructuras de gobierno en las zonas bajo su control.
Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala, ordenada por Putin en febrero de 2022, millones de personas han huido del este y el sur de Ucrania para escapar de la destrucción y la violencia. Según Naciones Unidas, una parte importante de estos desplazados internos y refugiados se asentó en otras regiones de Ucrania o en el extranjero.
Aunque algunas personas han regresado a zonas ocupadas por Rusia, muchas viviendas permanecieron vacías durante largos periodos. En numerosos casos los propietarios no han podido volver por motivos de seguridad, por la destrucción parcial de las localidades o por temor a represalias.
La nueva regulación afecta directamente a quienes abandonaron sus hogares, muchos de ellos propietarios privados, y los expone al riesgo de perder sus bienes de forma definitiva. Kiev ha denunciado reiteradamente las políticas de Moscú en los territorios ocupados como violaciones del derecho internacional humanitario y de las normas sobre protección de la propiedad civil en contextos de ocupación militar.
Para Ucrania y sus aliados, las anexiones rusas no tienen validez jurídica y cualquier cambio en el estatus de la propiedad resulta ilegal. Aun así, la aprobación de esta ley refuerza la estrategia del Kremlin de integrar de facto los territorios ocupados en su sistema administrativo y legal, profundizando una realidad sobre el terreno que dificulta futuras negociaciones sobre el estatus de esas regiones.
