La provincia de Mendoza promulgó el nuevo Código de Contravenciones, que incorpora la posibilidad de sancionar a los padres que no colaboren con las escuelas ante casos de bullying. El ministro de Educación, Tadeo García Salazar, explicó en Infobae en Vivo que la norma busca apelar a la responsabilidad parental, porque la educación escolar tiene un horario acotado y el resto corresponde a la familia.
En el programa matutino conducido por Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, García Salazar detalló que la ley permite aplicar multas, trabajos comunitarios o capacitación obligatoria a quienes no contribuyan a prevenir o a abordar el acoso escolar. Señaló además que los incidentes recientes provocaron un fuerte impacto en las escuelas y en el debate público.
La Ley N° 9.682, publicada en el Boletín Oficial, introduce un marco legal pionero en el país: establece sanciones directas contra los adultos responsables por su inacción frente al bullying protagonizado por sus hijos en la escuela. Las multas pueden llegar hasta 1.500.000 pesos, y como alternativas se prevén trabajos comunitarios y la asistencia a cursos en “escuelas para padres”. Según el ministro, se trata de una medida final para quienes no cumplen con los compromisos de convivencia asumidos previamente.
García Salazar explicó que las escuelas cuentan con un protocolo que diferencia episodios leves, intermedios y graves, e incluye una instancia de mediación. En esa etapa se citan a las familias y a los estudiantes involucrados para formalizar un compromiso; sin embargo, indicó que con frecuencia los padres no lo cumplen, mantienen las conductas de hostigamiento o, en algunos casos, las avalan.
Ante esa situación, la nueva norma habilita derivar las actuaciones a un juez contravencional, que tiene facultad para imponer multas, puntualizó el funcionario.
El ministro subrayó la importancia de trabajar en forma conjunta con las familias y afirmó que la reacción de los progenitores de las víctimas ha sido mayoritariamente positiva, porque son quienes más reclaman medidas cuando detectan inacción de otros adultos. Añadió que el Estado y las escuelas intentan cumplir su parte, pero que la educación fuera del aula depende de cada familia.
La ley contempla el cumplimiento de trabajo comunitario —dentro o fuera de la escuela— y la obligación de asistir a cursos para padres. Solo si estas medidas no se acatan se aplica la multa; en casos de reincidencia, el juez puede considerar incluso la privación de libertad por días, explicó García Salazar.
El ministerio habilitó además líneas telefónicas gratuitas para denunciar bullying, y registraron un aumento de consultas y reportes en el último año. No solo padres: docentes y directivos también solicitan medidas contra adultos que no asisten a reuniones escolares o no respetan los acuerdos, lo que refleja una delegación y despreocupación de una parte significativa de las familias.
El uso de sanciones, según el titular de Educación, debe entenderse como una herramienta complementaria al protocolo preventivo y a la capacitación obligatoria del personal que trabaja con niños y adolescentes. Indicó que los fondos recaudados por las multas se destinarán a bibliotecas públicas.
En referencia a los hechos más graves que motivaron la reforma, el ministro recordó un caso destacado en el que un adolescente ingresó armado a un colegio y realizó disparos. Señaló que en ese episodio confluyeron problemas de salud mental y situaciones de bullying, y sostuvo que una intervención temprana de las familias podría haber evitado la escalada.
García Salazar describió el fenómeno señalando que lo más frecuente es el hostigamiento sistemático y sostenido para causar daño psicológico. Observó un fuerte aumento del ciberbullying: el acoso no se limita al horario escolar sino que continúa en redes sociales. Aclaró que alrededor del 90% de los casos corresponden a violencia psicológica o exclusión social, más que a agresiones físicas, y que esas dinámicas afectan la asistencia, el rendimiento académico y la socialización de las víctimas, provocando distintos trastornos.
En la provincia, la mayoría de los reportes responde a hostigamiento prolongado con daño psicológico o emocional, y hay evidencia frecuente de acoso digital que persiste fuera del horario escolar, muchas veces documentado por las familias. La violencia psicológica y la exclusión constituyen la mayor parte de los casos registrados.
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