Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, fue detenida junto con dos choferes vinculados a la financiera de Ariel Vallejo —empresario relacionado con el presidente de la AFA, Chiqui Tapia—. Sánchez negó haber cometido delitos y ofreció su versión de los hechos del jueves pasado, cuando fue arrestada acusada de intentar destruir u ocultar pruebas.
Sánchez solicitó ampliar su indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal Cecilia Incardona. Su nuevo planteo generó expectativas porque el fin de semana anterior se le había ofrecido la posibilidad de ser considerada imputada colaboradora, según informó Infobae.
Esa oferta quedó sin respuesta y, en la audiencia de ayer, la acusada por encubrimiento agravado presentó un escrito, se negó a responder preguntas y proclamó su inocencia, lo que alejaría la opción de acogerse a la figura de arrepentimiento o colaboración.
En su escrito negó haber cometido delitos y explicó que, junto a otros dos empleados, fue a buscar equipos informáticos para dejarlos en condiciones para una sucursal, sin precisar quién dio la orden de hacerlo.
Los tres detenidos volvieron a pedir la excarcelación o, en su defecto, el arresto domiciliario. Sánchez afirmó ser empleada administrativa y el único sostén de una hija menor. Relató que empezó como cajera y luego pasó a realizar tareas de logística.
Contó además que, cuando surgieron los problemas judiciales, temió perder el empleo y por eso se concentró en que “la empresa continúe funcionando”.
Sobre el día de su detención, reconstruyó que llevaron las computadoras a un técnico y luego regresaron al galpón para dejar una unidad defectuosa. Al ver una camioneta creyeron que podían sufrir un robo y se retiraron; esa camioneta resultó ser el móvil policial que llegó para el allanamiento y poco después fueron detenidos.
En el escrito dijo que entregó su teléfono celular y la clave de acceso y negó que hayan intentado ocultar en la camioneta cinco teléfonos que luego fueron secuestrados. Reiteró que nunca tuvo la intención de ocultar o destruir pruebas. Respecto de los elementos hallados en su domicilio particular, explicó que los tenía porque trabajaba desde su casa para poder cuidar a su hija.
Los otros dos detenidos presentaron escritos con explicaciones que, según fuentes judiciales, coinciden con la versión de la tesorera.
La acusación
Los detenidos están imputados como presuntos coautores de “encubrimiento agravado por destruir, ocultar e inutilizar prueba”, en un contexto en que el delito precedente considerado especialmente grave es el de lavado de activos.
El sábado por la noche el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, rechazó la excarcelación tras recibir el dictamen de la fiscal Cecilia Incardona, que se opuso a concederla.
Ese mismo día la fiscalía le ofreció a la tesorera declarar como imputada colaboradora. En su primera indagatoria la mujer se limitó a decir “sigo órdenes” y se negó a contestar preguntas.
En el allanamiento al galpón se secuestraron cajas con documentación de la financiera de Vallejo y otros elementos que los investigadores consideran que podrían haber sido ocultados en el marco de las pesquisas.
Un técnico informático declaró como testigo que fue contratado para resetear computadoras de Sur Finanzas. En el galpón de Turdera encontraron CPU, cajas fuertes y otros objetos vinculados a la actividad investigada.
Ariel Vallejo está bajo investigación por presunto lavado de dinero y, en ese marco, se ordenaron más de 35 allanamientos, que incluyeron sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares.
Entre los clubes allanados figuran San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas. También fueron allanados el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.
La fiscalía busca determinar si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que en varios casos habría actuado como intermediaria con clubes en gestiones vinculadas a la financiera, según fuentes del expediente.
Armella, juez federal de Quilmes, subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una presunta maniobra de lavado de activos ligada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no habría sido devuelta.
En esa causa, Vallejo se presentó voluntariamente en el juzgado para entregar su teléfono celular con el fin de que sea peritado.
La fiscalía sostuvo que la estructura investigada, junto con las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club, mostraría un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A.
Incardona señaló que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield”, las personas jurídicas vinculadas y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas, valiéndosede tanto del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago.
Se trata de una investigación previa a otra denuncia presentada por ARCA, que también tiene como eje a Sur Finanzas y que por ahora tramita en otro juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena.
La fiscalía planteó que esa última causa debe ser remitida por “conexidad” al expediente que ya tenía abierto el juzgado a cargo de Armella, un conflicto jurisdiccional que deberá resolver la Cámara Federal de La Plata.
