El día después de reafirmar la necesidad de aprobar un Presupuesto 2026 sin déficit fiscal, el Gobierno decidió no insistir con la derogación de la ley de financiamiento universitario ni con la declaración de emergencia en discapacidad, y diseñó una serie de propuestas destinadas a mantener el balance cero, una condición innegociable del presidente Javier Milei.
“No se trata de derogar las leyes; es un esfuerzo económico importante del Poder Ejecutivo que sostiene el equilibrio fiscal”, resumió a este medio un funcionario relevante.
Aunque la mesa chica que rodea al presidente había decidido inicialmente insistir con las derogaciones, finalmente desistieron y los equipos técnicos presentarán una contrapropuesta para la Ley de Leyes, que este mediodía obtuvo dictamen en el Senado.
Según informaron fuentes oficiales a Infobae, tomando como base la normativa que declara la emergencia en discapacidad —la cual será respetada— propondrán que la pensión no contributiva equivalga al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones conforme a lo establecido por el ordenamiento jurídico en materia jubilatoria.
En ese punto aclararon que la pensión será compatible con un vínculo laboral siempre que los ingresos del beneficiario no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles, que desde el 1° de diciembre se sitúan en $334.800.
También prevén mantener la compensación de emergencia con carácter retroactivo; su actualización se determinará en función de los aranceles aprobados entre el 1° de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024 y según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Detallaron que la autoridad de aplicación diseñará un procedimiento para el reconocimiento de la prestación a cada prestador afectado, y que el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) definirán trimestralmente el mecanismo de ajuste en forma conjunta; de no ser así, se tomará como referencia el IPC.
Otra modificación prevista apunta a acelerar y profundizar las auditorías sobre pensiones, con el objetivo de acelerar el procedimiento de baja de aquellas que presenten irregularidades.
Asimismo, propondrán eliminar la creación de una Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social, manteniendo únicamente la pensión por invalidez laboral. Según una fuente, así se evitan nuevos requisitos que habrían ampliado desproporcionadamente el universo de potenciales beneficiarios.
En materia de financiamiento de la educación universitaria, descartaron la derogación de la ley vigente, pero propondrán aumentar en 20% el presupuesto para gastos de funcionamiento sobre los créditos asignados en 2025.
Respecto de la actualización salarial, que por ley estaba atada a la inflación, sugieren aplicarla de forma escalonada: un aumento del 5% desde el 1° de diciembre de 2025 y luego cuatro incrementos periódicos del 2% en enero, febrero, marzo y abril de 2026.
También intentarán establecer que el mes de junio sea el punto de referencia para que el Poder Ejecutivo evalúe la compensación por las diferencias acumuladas por inflación, en lugar de efectuarla de manera automática, y avanzarán en el reconocimiento del aumento de becas previsto.
Con las derogaciones fuera de la mesa, la administración liberal propondrá reincorporar los artículos restantes del capítulo XI del proyecto, incorporando además los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires para que la Nación realice las “adecuaciones presupuestarias necesarias” para cumplir con un fallo de la Corte Suprema.
Esta decisión se tomó después de la visita del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al ministro de Economía, Luis Caputo, en el Palacio de Hacienda esta mañana.
En Balcarce 50 manifiestan la intención de que el Presupuesto 2026 sea aprobado en diciembre, por lo que flexibilizaron el capítulo XI para facilitar su sanción y avanzar en las negociaciones con gobernadores y bloques aliados que habían puesto resistencia en Diputados.
Una fuente clave involucrada en la negociación señaló a este medio que la aprobación de la partida presupuestaria es fundamental para poder avanzar con la reforma laboral, que incluye medidas tributarias, durante el mes de febrero.
