La Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), una ONG saudí que opera desde el exilio, informó que en 2025 se registró el mayor número de ejecuciones documentadas en la historia disponible, con 347 personas ajusticiadas —dos más que en 2024, hasta entonces el año con la cifra más alta—.
Los delitos vinculados a las drogas representaron el 69 % del total, con 238 personas condenadas a muerte, frente a las 222 del año anterior. La organización alertó sobre un “aumento sin precedentes” de ejecuciones relacionadas específicamente con el cannabis: 97 personas fueron ejecutadas exclusivamente por delitos asociados a esa sustancia, en comparación con 15 en 2024.
En los últimos años, Arabia Saudita ha intensificado su acción contra el narcotráfico, considerado uno de los principales desafíos del país. La elevada demanda interna, el alto poder adquisitivo y la ubicación geográfica estratégica han convertido al reino en un punto relevante para las redes internacionales de tráfico de drogas.
La legislación saudí establece la pena de muerte como el “castigo más severo” para el contrabando de estupefacientes. La ley define como contrabandista tanto a quien introduce drogas desde el extranjero como a quien las recibe y distribuye, y distingue entre infractores primerizos y reincidentes: para el primer delito pueden imponerse prisión, azotes o multa, mientras que para los reincidentes la sanción puede aumentar hasta la pena capital.
En noviembre de 2022 el país reanudó las ejecuciones por delitos relacionados con drogas tras casi tres años de suspensión, revirtiendo la moratoria anunciada en 2021 por la Comisión Saudí de Derechos Humanos.
El informe también señala un aumento en la persecución de extranjeros: representaron el 57 % de las personas ejecutadas en 2025, con 202 casos, y el 94 % de ellos fue condenado por delitos vinculados al narcotráfico. Además se documentaron ejecuciones de dos personas detenidas por crímenes cometidos cuando eran menores de edad.
ESOHR recordó que el príncipe heredero y líder de facto, Mohamed bin Salmán, declaró en 2018 su intención de reducir de manera significativa el número de ejecuciones.
Para la ONG, el nuevo récord “no solo refleja el colapso del discurso sobre la reforma de los derechos humanos, sino que también confirma la persistencia del uso de la ejecución como castigo, que a menudo afecta a los grupos más vulnerables”, en contradicción con las declaraciones y compromisos adoptados en años recientes.
La organización advirtió que las cifras oficiales podrían no reflejar el total real de ajusticiamientos debido a la falta de transparencia y a la posibilidad de que se apliquen sentencias sin previo aviso, en un contexto que incluiría prácticas como la tortura y la negación a las familias del derecho a despedirse y enterrar a sus seres queridos. Aunque la mayoría de las ejecuciones se anuncian mediante comunicados del Ministerio del Interior, algunas no se hacen públicas.
(Con información de EFE)
