El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió postergar una emisión de deuda en Wall Street en el corto plazo, una decisión que generó distintas interpretaciones entre inversores y analistas. La postura oficial de priorizar fuentes de financiamiento alternativas se da en un contexto de riesgo país elevado, reservas limitadas y condiciones externas adversas para Argentina.
En el centro del debate están los vencimientos en moneda extranjera de enero, por USD 4.300 millones. Caputo relativizó la intención de emitir bajo legislación extranjera y afirmó que la prioridad es evitar nuevas emisiones y reducir la exposición a los mercados internacionales. El presidente Javier Milei respaldó esa línea desde sus redes sociales, reforzando la idea de que los mercados externos no son la prioridad inmediata.
El Gobierno aseguró alrededor de USD 1.800 millones mediante compras en el mercado y la colocación del BONAR 2029, y estima obtener otros USD 700 millones por la concesión de las represas del Comahue. No obstante, esos recursos no alcanzan para cubrir la totalidad de los vencimientos, por lo que se evalúan alternativas como nuevas compras del Tesoro en el mercado de cambios o acuerdos de financiamiento tipo REPO, que permiten obtener dólares a corto plazo usando activos como garantía sin recurrir directamente a las reservas del Banco Central.
Para Gabriel Caamaño, economista de Outlier, hablar de dependencia de Wall Street no refleja la realidad reciente del país: desde 2018 no hay flujo sostenido desde ese mercado, de modo que la relación de dependencia, según él, prácticamente no existe. Caamaño también cuestionó la diferencia práctica entre recurrir a bancos internacionales mediante REPO y “volver a Wall Street”.
Caamaño añadió que el Gobierno no está apurado por levantar el control cambiario y que el mensaje del ministro va dirigido a inversores que esperan una apertura inmediata. Según su lectura, la intención es seguir financiándose localmente y no acelerar la salida del cepo; si los inversores externos desean financiar, pueden hacerlo, pero no será forzado a toda costa.
La emisión del BONAR 2029, con vencimiento en noviembre de 2029 y una tasa superior al 9% anual, representó el regreso del país al mercado voluntario de deuda en dólares tras casi una década, aunque la colocación quedó por debajo del monto y la tasa deseados por el Ministerio de Economía. El riesgo país se mantiene alto —en torno a 569 puntos según una fuente citada—, lo que limita el acceso a financiamiento en condiciones favorables.
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Christian Buteler señaló que desde el inicio el gobierno buscó volver a los mercados de crédito y que, pese a ese objetivo, la operación realizada (USD 910 millones a una tasa superior al 9%) no alcanzó ni en monto ni en demanda lo esperado, aun con apoyo operativo como el swap de monedas con el Tesoro de EE. UU. Buteler interpreta el viraje en el discurso gubernamental como una consecuencia de no haber podido consolidar un regreso contundente a Wall Street, y valoró al mismo tiempo el fortalecimiento de un mercado de capitales interno en moneda local.
Dentro de las alternativas oficiales para reforzar la posición en dólares figura el acuerdo tipo REPO en negociación con bancos internacionales. Ese mecanismo permite obtener liquidez a corto plazo usando activos como garantía, evitando el uso directo de las reservas internacionales.
Juan Pazos, economista de One618, explicó que la reticencia de los inversores internacionales no se debe solamente a la tasa ofrecida, sino a que el “buy side” exige ver (i) un mix de políticas cíclicas más equilibrado y orientado a acumular reservas, y (ii) avances concretos en reformas estructurales. En su diagnóstico, el Gobierno aún espera acumular reservas con un tipo de cambio real más fuerte y no ha logrado destrabar esas reformas, por lo que no puede ofrecer en Nueva York y Londres las condiciones que los inversores reclaman.
Paralelamente, el Ejecutivo analiza cambios en la Ley de Administración Financiera para facilitar la gestión de la deuda pública: permitir canjes o reordenamientos de vencimientos y extender plazos de pago sin recurrir a procesos formales de reestructuración. La intención es reducir la concentración de pagos y aportar mayor previsibilidad a la administración financiera.
El debate sobre el acceso al mercado internacional se intensificó luego de que analistas en Nueva York mencionaran la posibilidad de una emisión futura de hasta USD 3.000 millones, lo que alimentó expectativas. Javier Casabal, estratega de renta fija de AdCap, consideró que el mensaje de Caputo busca moderar esas expectativas para evitar desilusiones si las emisiones no se concretan en los términos anticipados.
Casabal evaluó que la Argentina podría volver al mercado alrededor de un 9% y que un préstamo REPO actuaría como Plan B, susceptible de convertirse en Plan A si la tasa exigida por el mercado es demasiado elevada. Señaló además que en los REPO realizados este año la tasa pagada fue, en ambos casos, varios puntos básicos por debajo del rendimiento de los bonos cortos. Su recomendación es no precipitar la salida y esperar el momento que ofrezca mejor condiciones.
El mensaje oficial enfatiza el cumplimiento de los compromisos financieros, pero con un uso prudente de las herramientas disponibles. La emisión bajo legislación extranjera se considera una última instancia; en su lugar, se prioriza el financiamiento local, acuerdos con entidades financieras y la acumulación gradual de divisas. El vencimiento de enero constituye el primer desafío relevante del año, y la estrategia oficial pretende atravesar el calendario de 2026 con orden y sin cambios abruptos en la política financiera.
