Las autoridades talibanes en Kabul aplicaron este martes castigos corporales: cuatro personas fueron flageladas en público tras ser condenadas por “adulterio”, según informó el Tribunal Supremo afgano.
En un comunicado publicado en su cuenta en X, el máximo órgano judicial señaló que las cuatro personas, entre ellas dos mujeres, fueron condenadas a penas de prisión de entre uno y dos años y a recibir entre 25 y 30 latigazos. Los castigos se ejecutaron después de que las sentencias fueran confirmadas por el propio Tribunal Supremo.
El hecho ocurrió un día después de otra flagelación pública en la capital, cuando las autoridades talibanes azotaron a once personas sentenciadas por delitos relacionados con el tráfico de drogas y el alcohol.
En ese caso, el Tribunal Supremo indicó que los acusados fueron condenados por “contrabando y venta de pastillas intoxicantes y metanfetamina, bebidas alcohólicas y hachís”. Los sentenciados deberán cumplir penas de prisión de entre siete meses y tres años y recibieron entre 10 y 39 latigazos cada uno.
Las flagelaciones públicas forman parte del endurecimiento del sistema judicial impuesto por los talibanes desde su regreso al poder en agosto de 2021, políticas que han sido repetidamente cuestionadas por la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos.
Naciones Unidas ha criticado en varias ocasiones a las autoridades de facto por la aplicación de castigos corporales y ejecuciones públicas, y ha pedido la imposición de una moratoria como primer paso hacia la abolición de estas penas.
Un informe reciente del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, advierte que la gran mayoría de las personas castigadas bajo el régimen talibán son hombres (81 %), sancionados por delitos como robo, tráfico de drogas, venta de alcohol, asesinato y otros “actos inmorales” no especificados. No obstante, las mujeres y las niñas suelen ser castigadas mayoritariamente por supuestos “delitos morales”, como el adulterio o la fuga del hogar.
Bennett alertó además de que las ejecuciones y flagelaciones públicas “suelen llevarse a cabo en lugares como plazas, estadios y mercados” y que, en muchos casos, las autoridades obligan a los residentes locales a presenciar los castigos, como parte de una estrategia para infundir miedo y reforzar el control talibán.
Según el informe, los funcionarios de facto prohíben la filmación y confiscan sistemáticamente los teléfonos móviles para impedir la difusión de pruebas visuales y limitar el escrutinio público e internacional.
Una investigación citada por el diario británico The Guardian señaló que más de 1.000 personas —al menos 200 de ellas mujeres— han sido sometidas a flagelaciones públicas desde el regreso de los talibanes al poder hace cuatro años, aunque el número real podría ser considerablemente mayor.
Entre los castigados figuran mujeres acusadas de los denominados “crímenes morales”, una categoría amplia que abarca desde salir del hogar sin la compañía de un pariente varón cercano que actúe como mahram, hasta ser vistas conversando con hombres no emparentados.
(Con información de Europa Press)
