La Cámara Federal de Corrientes confirmó la prisión preventiva de Guillermo Boscán Bracho, conocido como “El Yiyi”, y de otras doce personas imputadas por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por su presunta vinculación con la organización transnacional conocida como Tren de Aragua.
La resolución también reafirmó embargos sobre bienes por más de un millón de pesos para cada imputado y constituyó un avance relevante en la estrategia judicial contra una estructura criminal con actividad en varios países y una operatoria compleja detectada en la Argentina desde al menos 2019.
Nueve personas quedaron procesadas tanto por lavado de activos como por financiamiento del terrorismo, entre ellas Boscán Bracho y otras ocho identificadas por sus iniciales: E. D. U. B., A. J. B. P., D. A. B. C., E. Y. C. S., J. A. L. G., M. A. B. C., A. M. D. C. y M. C. D. C.
Los otros cuatro involucrados —M. D. V. C., M. T. D. C., F. J. D. C. y D. E. A.— continuarán procesados únicamente por lavado de activos.
La reconstrucción del modo de operar atribuye a Boscán Bracho el presunto liderazgo de dos células operativas articuladas, con base en Santa Ana (Corrientes), Canning (Ezeiza) y Gonnet (La Plata), que habrían mantenido coordinación de las maniobras incluso tras su detención en el régimen de “alto riesgo” del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.
El tribunal, integrado por el juez Ramón Luis González y la jueza Mirta Gladis Sotelo, sostuvo que la investigación permitió identificar un circuito económico estructurado y estable, con movimientos superiores a 120 millones de pesos, destinado a sustentar a la organización fuera del territorio argentino.
Según la resolución publicada en el sitio Fiscales, la magnitud y permanencia de las maniobras motivaron el registro del grupo en febrero de 2025 en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Como prueba del procesamiento se incluyeron informes del FBI, de la Oficina de Investigaciones Criminales, de la PROCELAC, de la Policía Federal Argentina y documentación obtenida tras allanamientos simultáneos realizados el 28 de mayo de 2025.
En esos operativos, efectuados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los partidos bonaerenses de Ezeiza y La Plata, y en Corrientes, se secuestraron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, documentación inmobiliaria y un pasaporte falso, entre otros elementos de prueba.
El fallo consideró acreditado el funcionamiento de una red con significativa capacidad económica y logística, evidenciada en la adquisición de bienes de alto valor sin justificación patrimonial legítima, el blanqueo de capitales mediante diversos métodos y un esquema de transferencias circulares; parte de esos recursos habrían sostenido actividades del Tren de Aragua en el exterior.
También se documentó el uso del sistema de transferencias informales conocido como hawala, operando en el barrio porteño de Colegiales bajo la denominación comercial “Giro Activo”, la entrada de divisas por medio de “correos humanos”, el fraccionamiento de remesas y la constitución de sociedades pantalla para explotar locales comerciales.
La investigación se inició tras la detención de Boscán Bracho en octubre de 2023 —cuando ingresó al país desde Colombia con identidad falsa y residía en un barrio cerrado de Corrientes— y se desarrolló con la intervención del fiscal general subrogante Carlos Schaefer, el auxiliar de la PROCELAC Alberto Barbuto y el fiscal federal Santiago Marquevich, a cargo de la UFECO.
El expediente se originó en un pedido de extradición internacional formulado por la Justicia venezolana, que acusa al líder de la banda de delitos como extorsión, asociación para delinquir, homicidio calificado, terrorismo, tráfico de armas y municiones y obstrucción de la libertad de comercio.
Aunque en primera instancia también se imputó la figura de asociación ilícita en la modalidad de “organización criminal”, la Cámara de Apelaciones declaró la nulidad parcial de ese cargo; en su fallo señalaron que el juez de grado había verificado la existencia de un circuito económico organizado destinado a sostener una estructura criminal transnacional.
Por ello, los jueces consideraron que existían riesgos procesales que justificaban la prisión preventiva, mientras que a tres imputadas se les confirmó el arresto domiciliario por razones familiares. Los fiscales solicitaron la ratificación de estas medidas para garantizar la eficacia de la investigación y avanzar hacia el juicio oral.
