Se trata de Fernando Julián Martínez, quien, según Infobae, entregó a la Justicia un teléfono que resultó ser un aparato antiguo y en desuso, en lugar del dispositivo que usaba diariamente. Los peritos advirtieron la diferencia y, por orden judicial, se le requirió la entrega del teléfono habitual; Martínez alegó sorpresivamente que lo había extraviado ese mismo día.
La causa tiene antecedentes de varios años. Se originó a raíz de un habeas corpus que denunciaba la provisión de alimentos en mal estado dentro de un penal. El juez a cargo, Villena, falló contra la proveedora entonces contratada, la empresa Foodrush, y le impuso la prohibición de participar en futuras licitaciones para el Servicio Penitenciario Federal. Durante ese proceso se constató que los internos rechazaban la comida y preferían comprar alimentos en la cantina de la prisión, lo que evidenciaba la negativa a consumir las raciones entregadas.
Las inspecciones y peritajes realizados, con intervención de la ANMAT, mostraron que los alimentos superaban los límites máximos permitidos para el recuento de Escherichia coli, por lo que fueron considerados no aptos para el consumo humano. Ante esos hallazgos, el juez Villena ordenó la implementación de un protocolo y la auditoría de la producción alimentaria. Sin embargo, las irregularidades persistieron y la protesta de los presos continuó.
En un episodio señalado por la causa, el propio juez Villena visitó la cárcel para supervisar la situación y probó varias comidas que habían sido rechazadas por los internos; pocas horas después reportó malestar. Tras mantener la prohibición a Foodrush, en una nueva licitación ganó la empresa Bio Limp. Con el tiempo las quejas volvieron a repetirse y, en noviembre pasado, el magistrado reabrió la investigación con la carátula de “envenenamiento”.
Las medidas ordenadas incluyeron allanamientos a instalaciones de Bio Limp, donde se verificó que la empresa compartía vehículos de reparto con la firma sancionada anteriormente y que parte del personal de cocina había sido el mismo entre ambas compañías. Entre la documentación secuestrada, aún en estudio, aparecieron facturas de Bio Limp a favor de Foodrush por un monto cercano a 150 millones de pesos, lo que suscitó dudas sobre la relación comercial entre las empresas.
El expediente continúa en instrucción, con análisis forenses y documentación pendiente de examen. Las investigaciones buscan precisar responsabilidades en torno a la provisión de comida en establecimientos penitenciarios y dilucidar posibles maniobras administrativas o comerciales que hayan contribuido a los problemas sanitarios denunciados.
