Para la CGT, 2025 fue un año complejo: estrenó una nueva conducción pero volvió a enfrentar el dilema de cómo actuar ante un gobierno políticamente adverso que ganó las elecciones y que, además, impulsa nuevamente una reforma laboral.
La pregunta es si esta nueva conducción cegetista podrá sortear en 2026 ese desafío. Predomina un grupo de dirigentes con vocación de diálogo, pero el conflicto planteado por la reforma será de alto riesgo y condicionará fuertemente su gestión, tanto si logran frenar el proyecto como si no lo consiguen.
Los dirigentes de la central siguen confiando en que el sector político del Gobierno reabra las negociaciones para introducir cambios al proyecto, que ya tiene dictamen en el Senado y que empezará a debatirse a partir del 10 de febrero.
La versión final de la reforma, resultado de fuertes tensiones internas en la Casa Rosada, incluyó algunas concesiones a la CGT, pero menos de las esperadas por los sindicatos. Por eso la cúpula intentó bajar la tensión con una movilización a Plaza de Mayo —que no fue tan masiva como se esperaba— y mantiene la posibilidad de convocar a un nuevo paro general.
El escenario quedó en pausa hasta mediados de enero, cuando se estima que ambas partes retomarán contactos con gobernadores y bloques legislativos para intentar influir en el tratamiento del texto: el Gobierno confía en conseguir los votos necesarios —como ocurrió con el Presupuesto 2026— y la CGT intensificará la presión para modificar o frenar el debate legislativo.
Los puntos centrales que la CGT pretende cambiar en la reforma laboral son los siguientes:
1) Modificar el artículo que elimina la obligación de que los empleadores actúen como agentes de retención de la cuota de afiliación, con el objetivo de que se mantenga una regulación lo más parecida posible a la ley vigente, que incluye también a las cuotas solidarias, ahora expresamente excluidas en el proyecto en el Senado.
2) Preservar las cuotas solidarias. Aunque se suprimió el artículo que directamente afectaba esos aportes por pedido de la CGT, quedó otro que condiciona su cobro: la eliminación de la obligatoriedad de que los empleadores retengan “otros aportes”, sumada a un artículo que limita la ultraactividad de los convenios y obliga a renegociar las cuotas año a año, pone en riesgo el financiamiento sindical. Además, el proyecto establece un tope del 20% a las retenciones salariales, lo que también reduce la cuota sindical y la solidaria, y plantea que la cuota solidaria sólo podrá retenerse si está pactada por convenio colectivo de empresa y con el consentimiento explícito del trabajador.
3) Suavizar al máximo la regulación del derecho de huelga. Algunos funcionarios dialoguistas propusieron eliminar los porcentajes de servicios mínimos (75% y 50%), pero el sector duro, con Federico Sturzenegger entre sus referentes, rechaza modificaciones. La CGT considera que ese artículo podría ser impugnado judicialmente, ya que versiones similares formaban parte del DNU 70 y del decreto 340, que fueron frenados por fallos de la justicia laboral.
4) Una de las iniciativas más polémicas es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones por despidos sin causa. El fondo implicaría aportes empresariales del 3% de la masa salarial bruta, a cambio de una reducción del 3% en las contribuciones patronales al sistema previsional: no aumentaría el costo laboral, pero desfinanciaría las jubilaciones y trasladaría el costo al Estado. Se calcula que el sistema jubilatorio perdería unos 3.000 millones de dólares anuales. El Ministerio de Economía volvió a analizar este punto para atenuar su rechazo legislativo.
5) La CGT logró que se eliminara un artículo que reducía a la mitad la cantidad de delegados por empresa, pero ahora busca modificar otros artículos que fijan un tope de 10 horas mensuales con goce de sueldo para tareas gremiales y que restringen la tutela de los representantes. También cuestiona la obligación de pedir autorización previa al empleador para realizar asambleas de trabajadores en las empresas.
6) Aunque la versión final establece que los sindicatos con personería serán los encargados de refrendar convenios por empresa (y no las comisiones internas), el proyecto prioriza los convenios “menores” de empresa por encima de los convenios por actividad e incluso incentiva la creación de sindicatos por empresa. La central buscará atenuar estas medidas para mantener la preeminencia del unicato sindical en la negociación colectiva.
7) La CGT pretende eliminar el artículo 161, que reduce la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales del 6% al 5%. Según la dirigencia, esa reducción implicaría un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral: estimaciones oficiales señalan una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, aproximadamente el 0,1% del PBI. La CGT advierte que, tal como está, la medida supone una transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital, con menos prestaciones, menor cobertura y un deterioro de la calidad del sistema de salud para los trabajadores.
