Indonesia ha puesto en vigor un nuevo código penal que establece penas de prisión para conductas como el sexo extramarital, la convivencia fuera del matrimonio y la difusión de noticias falsas.
La normativa incorpora medidas de carácter conservador al tipificar como delitos acciones como la promoción del ateísmo y la crítica al presidente o al vicepresidente, lo que ha suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos y especialistas.
Según la ley, mantener relaciones sexuales con una persona que no sea el cónyuge puede conllevar hasta un año de prisión, mientras que la convivencia como pareja sin estar casados se sanciona con hasta seis meses de cárcel.
Para que se abra un proceso penal en estos casos es necesario que presente una denuncia un familiar directo —padre, hijo o pareja legal—, lo que excluye expresamente a los turistas extranjeros. Esta excepción resulta relevante en destinos como Bali, que recibió siete millones de viajeros internacionales en 2025.
El código también contempla penas de hasta seis años de prisión para quienes difundan intencionadamente informaciones falsas que provoquen desorden social. Esa disposición otorga al gobierno facultades para considerar desestabilizadores a determinados individuos en contextos de tensión política o económica. Aunque la ley aclara que la crítica fundada por interés público no constituye delito, persisten preocupaciones sobre su posible uso para limitar la labor de la prensa independiente.
La incitación pública a la apostasía puede acarrear hasta cuatro años de cárcel, especialmente si implica amenazas o uso de la fuerza, y se prevén hasta tres años de prisión por “atacar el honor” del presidente o del vicepresidente, siempre que exista una denuncia formal por parte de la autoridad correspondiente.
El marco penal castiga asimismo la promoción del comunismo y las declaraciones sobre poderes sobrenaturales utilizados para causar daño, con sanciones de hasta 18 meses de privación de libertad.
La aprobación parlamentaria de la reforma en diciembre de 2022 y su entrada en vigor han reavivado el debate sobre el rumbo político y social de Indonesia, la tercera mayor democracia del mundo y el país con mayor población musulmana. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han advertido que estas normas suponen un retroceso en materia de derechos fundamentales y libertades civiles.
En respuesta a las críticas, el ministro de Interior y Justicia, Yusril Ihza Mahendra, señaló que la normativa contempla alternativas a la prisión, como el servicio comunitario, e introduce un enfoque de rehabilitación médica y social para quienes consumen drogas, con el objetivo de aliviar la presión sobre el sistema penitenciario. Sobre los delitos de carácter privado, como el sexo extramarital, Mahendra subrayó la exigencia de una denuncia familiar antes de la intervención estatal.
Desde su independencia en 1945, Indonesia se identifica con la ideología Pancasila, que proclama la pluralidad y el secularismo. No obstante, el aumento de la religiosidad y la influencia de movimientos islamistas generan inquietud en la sociedad civil, que ve en la reforma penal un retorno a restricciones asociadas con periodos autoritarios anteriores a la democracia actual.
El turismo sigue siendo un motor económico esencial en regiones como Bali, por lo que la exclusión de extranjeros de las conductas relativas a la convivencia y al sexo fuera del matrimonio se interpreta como una medida para proteger una fuente de ingresos clave.
Expertos como Abdul Fikar Hadjar, profesor de Derecho Penal en la Universidad Trisakti, enfatizan la importancia de la vigilancia ciudadana y del recurso a instrumentos legales, como el Tribunal Constitucional, para defender los derechos fundamentales cuando estos se vean amenazados por excesos del poder estatal.
