La detención de Nicolás Maduro es, sin duda, un acontecimiento de gran impacto político y simbólico en la región. No obstante, no debe confundirse la captura de un individuo con la caída del sistema que permitió su permanencia en el poder. La aprehensión de Maduro puede generar esperanza y alivio entre muchos venezolanos en el exterior, pero constituye apenas un primer paso dentro de un proceso mucho más complejo para restaurar la libertad, la democracia y la justicia en Venezuela.
LA CONTINUIDAD DEL PODER REAL: EL CHAVISMO SIN MADURO
Mientras Maduro enfrenta procesos judiciales en los Estados Unidos, las estructuras del Estado que sostienen al chavismo permanecen operativas. La jefatura formal puede recaer en figuras como Delcy Rodríguez, pero en la práctica existen actores e instituciones —políticas, militares y de inteligencia— que mantienen el control y la capacidad de represión. La existencia de ese núcleo duro del poder impide que la detención de una persona signifique, por sí sola, el fin del régimen.
Las acciones tomadas por el gobierno en las últimas horas —declaratorias de alerta, despliegues militares, restricciones informativas, detenciones de periodistas y limitaciones a la circulación— evidencian que el aparato del Estado tiende a atrincherarse frente a la crisis.
LA TRAGEDIA VENEZOLANA: 26 AÑOS DE DESTRUCCIÓN
El impacto del chavismo en Venezuela ha sido profundo y sostenido: millones de personas han salido del país, la economía y la industria productiva han colapsado en muchos sectores, persisten altos niveles de pobreza y se han documentado violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Además, se ha erosionado la independencia de los poderes públicos y el Estado de derecho.
Esta situación no se originó de forma súbita: es el resultado de más de dos décadas de consolidación autoritaria, con complicidades internas y, en varios casos, tolerancia o legitimación desde el exterior.
EL FRACASO DE LA ONU Y LA OEA
El caso venezolano pone de manifiesto limitaciones de los organismos multilaterales. La ONU no logró evitar la profundización del autoritarismo; la OEA no produjo una respuesta regional contundente y eficaz; y otros foros regionales se mostraron ineficaces o cómplices. En el presente, algunos actores internacionales parecen más centrados en cuestionar procedimientos que en abordar la persistencia del régimen y su impacto sobre la población, lo que refleja una doble vara que dificulta soluciones.
LA HIPOCRESÍA REGIONAL: LOS CÓMPLICES DE AYER, LOS INDIGNADOS DE HOY
No puede omitirse la responsabilidad de gobiernos y dirigentes regionales que durante años mantuvieron relaciones diplomáticas con el Ejecutivo venezolano, reconocieron procesos electorales controvertidos, permanecieron en silencio ante la represión o mantenían vínculos económicos con el entorno del poder. Esos antecedentes explican, en parte, las dificultades para articular una respuesta regional coherente hoy.
En ocasiones, la indignación pública se mezcla con intereses políticos y busca rehabilitar posiciones anteriores bajo la bandera de la soberanía o del derecho internacional, más que abordar de forma consistente las violaciones a los derechos y la crisis humanitaria.
EL RESPALDO AL LIDERAZGO FIRME: MILEI Y TRUMP
La postura del gobierno argentino encabezado por Javier Milei, que ha expresado un apoyo claro a la línea de confrontación con regímenes autoritarios y su respaldo al presidente estadounidense Donald Trump, se presenta como una apuesta por no normalizar ni legitimar dictaduras. Esa posición privilegia la presión política y la ruptura con enfoques de tolerancia o apaciguamiento.
Esto no implica proponer soluciones simplistas ni intervenciones improvisadas, sino plantear que la recuperación de la libertad y la democracia exige decisiones firmes, liderazgo político y el desmontaje de los acuerdos tácitos que permitieron la permanencia de gobiernos autoritarios.
LA CAPTURA ES UN COMIENZO, NO EL FINAL
La detención de Maduro puede abrir una nueva etapa, pero no garantiza por sí sola la transición democrática. Mientras el núcleo de poder que dirige las fuerzas de seguridad y las instituciones represivas siga operando, y mientras los mecanismos internacionales y regionales no actúen de forma coordinada, la situación real en Venezuela no cambiará de manera sustantiva. La salida requiere desmantelar la estructura completa del régimen y restaurar garantías institucionales.
Hasta que eso ocurra, Venezuela permanecerá bajo el efecto de un régimen que continúa oprimiendo a su población. La comunidad internacional y los países de la región deberán decidir si contribuyen a soluciones concretas o si mantienen actitudes que prolongan el problema.
